Impuesto a los combustibles: “Todo se traslada al bolsillo del consumidor”
Días pasados, el intendente Jorge anunció su deseo de repavimentar la avenida Hipólito Yrigoyen de la capital jujeña con el cobro de una nueva Tasa de Combustibles, a través de una ordenanza que comenzaría a regir a finales de diciembre y está destinada al mantenimiento del sector vial. La obra prioritaria sería la repavimentación de la Avenida Hipólito Yrigoyen.
Al ser consultado específicamente sobre este proyecto que consiste en una tasa vial vinculada a los combustibles especificó que la misma contemplaría la incorporación de $0,10 por litro de gasoil y $0,15 para las naftas y el GNC. En ese sentido destacó que es un promedio mucho más bajo que el que ha implementado Córdoba y algunas localidades de la provincia de Buenos Aires.
La posible implementación de dicho impuesto solo en el ejido capitalino y no así en otros municipios de la provincia ha generado suspicacias y críticas a la medida que se pretende implementar, además de los efectos secundarios que esto generaría como la suba de los precios de distintos productos e insumos.
Respecto de este tema, la secretaria general de la Asociación Provincial de los Organismos de Control (APOC) e integrante del Tribunal de Cuentas, Susana Ustarez, brindó precisiones a Radio 2 sobre los efectos que conllevaría esta medida a los consumidores.
Ustarez planteó que esta medida “tiene un efecto multiplicador, en este caso agravado porque se trata sólo del área de la Capital, no es un impuesto general sino particular de la zona de influencia del municipio de la Capital, no seguido ni implementado por otros municipios cercanos”.
“De esta manera, como es opinión de los estacioneros, genera una diferencia en la explotación visto desde el panorama gremial de la gente que trabaja en el sector y de la gente que trabaja con el combustible como su primer insumo, como el transporte”.
“Además, todo es trasladable al precio del consumidor, el sujeto percutor o el que recibe los efectos finales de estas medidas es el consumidor (el usuario del transporte y de todos los bienes y servicios que van a sufrir incrementos)”, sostuvo.
Distintos organismos y entidades, sobre todo del sector del expendio de combustibles, se manifestaron en contra de la medida y la calificaron de “anticonsticional”, además de asegurar que esto generará competencia desleal, más inflación y problemas con los clientes, puesto que, por ejemplo, en la cartelería de las estaciones de servicio figurará un precio, pero en realidad se pagará otro más alto debido a esta tasa.
En este sentido, Ustarez explicó que “el tema de la fijación de los precios tiene una regulación nacional y provincial que puede estar siendo violada, ese es un tema de corte legal que tiene que ser analizado sin dudas por los profesionales del derecho, que ya se han expedido asesorando a los afectados (empresas y usuarios) y van a ir generándose seguramente posturas en contra de esta medida en sus distintas facetas”, señaló.
Asimismo, la sindicalista recordó que estos abogados “como ciudadanos y como representantes de la parte gremial estatal y privada, se han expedido en el sentido de la preocupación inflacionaria con efecto multiplicador, o sea más para cargar sobreprecios, más para cargar sobre inflación. Si a esto le sumamos que hay nuevos impuestos y nuevas tarifas y levantamiento de subsidios, todo se vuelve en contra del bolsillo del que vive de un sueldo, así que esto va a generar una dura reacción”, afirmó.
Consultada sobre cuál será la reacción de los gremios y de las entidades que entienden en temas impositivos, la secretaria general de APOC sostuvo que “primero hay que esperar la normativa en vigor, porque en este momento entiendo que no está la promulgación e implementación en la práctica que habilita cualquier tipo de actuación. Sin duda que vamos a estar atentos desde los gremios y desde las entidades que son propias. Por ejemplo, el propio Tribunal de Cuentas, al tratarse de un recurso, va a tener que tomar posición con relación a la ordenanza del municipio, también Fiscalía de Estado. Y tienen que actuar en ese marco institucional”.
“Desconozco la postura que puedan tener estos organismos y adelanto que se va a dar mucha tela para cortar en este planteamiento, esperemos que prime en primer lugar la legalidad, luego la mesura, porque se trata de un impacto directo a los precios porque también es un pedido legal y ciudadano que el estado contenga los precios y no que siga permitiendo la inflación que se está dando”, indicó.
Por otro lado, Ustarez se refirió a la negativa del Gobierno provincial a pagar una ayuda extraordinaria de fin de año a los trabajadores estatales provinciales, argumentando que la provincia ha generado muchos gastos en los últimos tiempos y que además todavía no tiene asegurado el pago del medio aguinaldo de fin de año.
Al respecto, Ustarez dijo que “la provincia tiene compromisos de distinta naturaleza. En el tema salarial tiene los compromisos habituales: sueldo de diciembre y después el aguinaldo, que todavía no está claro ni negociado con los sindicatos la manera en que se va a liquidar porque otra vez tenemos en el sueldo componentes en blanco, en gris y en negro, esto siempre ha afectado el cálculo del Sueldo Anual Complementario (SAC)”.
“No hay espacios de negociación con Hacienda, estos números que se publican no están transparentados por el Gobierno a la mesa de negociación de los sindicatos, no se exponen con claridad y se dificulta cualquier análisis por parte de los sindicatos. Creo que lo que procede básicamente por parte del Gobierno es llamar al diálogo, sentarse en una mesa y exponer blanco sobre negro la situación real y que también pueda escuchar desde el ámbito del empleado y de su realidad diaria de afrontar una canasta familiar y navideña y de inicio de año totalmente descontrolada”, manifestó.
Además, la gremialista agregó que “el Gobierno también hizo un silencio absoluto respecto de medidas de contención del gasto, de control de precios que también preocupa porque nosotros pedimos todo esto por la forma en que todo aumenta sin control en la provincia. No vemos una estrategia por parte del Gobierno de la provincia del control efectivo de precios que nos dé alguna tranquilidad. Al contrario, hay una estampida de los precios sin ningún tipo de frenos ni de control por parte del Gobierno. Y al ser una provincia periférica, recibimos aumentado todo el incremento de naftas y demás, que hablábamos al comienzo. Esperemos que el Gobierno nos convoque, ya que sentados en una mesa es la única forma de entendernos”, sentenció.