Jujuy | Jujuy

Garrafa social: un problema sin solución

Pasa el tiempo, pero los problemas en la distribución de la garrafa social no encuentran solución. Los reclamos se hacen escuchar uno tras otro, ante las indiferencia de las autoridades.

Tras un invierno plagado de denuncias por las irregularidades en el programa nacional Garrafa para todos, vecinos de escasos recursos continúan manifestando abiertamente las dificultades que existen en la provincia para acceder a un envase de 10 kilos que les provea gas a sus familias.

“Hoy vinimos a las cuatro de la mañana a esperar para ver si conseguimos  la garrafa, porque ya nos pasó en otras oportunidades, que veníamos un poquito más tarde y ya no conseguíamos. Hoy creo que están repartiendo 120 garrafas. Muchos de los que están llegando tarde ya no reciben garrafa. Habíamos pedido al Defensor del Pueblo que bajen las garrafas al barrio y estamos en esas gestiones desde julio. Hemos cumplido con todos los requisitos que nos han pedido, hemos llenado los formularios, con las fotocopias y los certificados de residencia de cada vecino y hasta ahora no tenemos respuesta”, dijo a Radio 2 un vecino de Punta Diamante.

Como es de público conocimiento, el Gobierno nacional subsidia el gas licuado de petróleo con el objetivo de abastecer a familias carenciadas, asignando por ley a cada envase de 10 kilos un precio social de 16 pesos.

Sin embargo, en diferentes puntos de la provincia, aún hoy, a pesar de las innumerables denuncias, comerciantes ofrecen el producto a valores que oscilan entre 90 y 150 pesos.

El volumen de gas que llega a la provincia, reconocido por el Gobierno provincial y la Secretaría de energía de la Nación, equivale a alrededor de 70 mil garrafas de 10 kilos. Sin embargo, sólo 24 mil se distribuyen entre la gente que lo necesita.  Estos datos son aportados por los propios funcionarios del Ministerio de la  Producción.

La pregunta sigue siendo ¿a dónde van a parar las 46 mil garrafas restantes?

Según legisladores de la Unión Cívica Radical, el faltante configura un negocio de 30 millones de pesos al año, basado en vender un producto subsidiado con fondos públicos a precios exorbitantes, todo, a costa de la necesidad de la gente.

El diputado Néstor Sanabia (UCR) planteó reiteradamente el problema en la Legislatura Provincial, pero hasta ahora sus esfuerzos han caído en saco Rojo.  “Nosotros venimos denunciando este tema y se sigue vendiendo. Fuimos a la Secretaría de Energía de la Nación y le dijimos a la secretaria: ‘Supongamos que somos millonarios, que tenemos una 4X4 y un día queremos decidimos cocinar con garrafa y me voy mi 4 X 4 a buscar una garrafa... ¿cuánto me tiene que salir?, y la secretaria de Energía de la Nación nos dijo 16 pesos’”, comentó el legislador para dejar bien en claro cuál es el valor al que se debe vender, sin importar dónde, ni el cupo ni a quién.