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Garrafa social: Un escándalo que crece

Surgen nuevas revelaciones que dan indicios acerca de quiénes intervienen en el millonario negocio de las garrafas en Jujuy.

Si en la capital de la provincia resulta una tarea difícil acceder a una garrafa de 10 kilos al precio que establece la ley, es decir 16 pesos, en el interior la tarea se torna directamente una misión imposible.

En medio de la polémica, el dato en el que todos coinciden es en la cantidad de garrafas que llegan a la provincia: tanto radicales como funcionarios del Ministerio de la Producción sostienen que son aproximadamente 70 mil los envases que mensualmente arribaron a Jujuy durante el último año.

Sin embargo, el gobierno de la provincia asegura que sólo 24 mil garrafas llegan a la gente a un precio social. Como ya ha sido denunciado hasta el cansancio por vecinos de toda la provincia, el resto de los envases se comercializan a un precio que queda librado a la oferta y la demanda, el cual se ubica entre 80 y 200 pesos.

La pregunta es ¿quién o quiénes se llevan el negocio restante?

En San Pedro, comerciantes que revenden la garrafa, aseguran que quienes les proveen el gas son los mismos distribuidores, habilitados y reconocidos por el gobierno provincial, que les venden los envases a un precio cercano a los 80 pesos, que ellos luego ponen a disposición de la gente a 100 pesos. Sin embargo, esos mismos proveedores accederían al gas a un costo cercano a los 10 pesos.

En El Carmen, ciudad en la que se encuentra uno de los distribuidores que el gobierno reconoce como centro oficial, la garrafa se vende a precio social en el lugar, pero sin embargo, a pocos metros de distancia, un comercio revende los envases exhibiendo la etiqueta que identifica al programa oficial.

El Gobierno insiste en que el programa está garantizado; sin embargo, en el interior, el negocio con el hambre y el frio de la gente, sigue inalterable.