Ex trabajadores de Energía llevan 20 años de lucha por la propiedad participada
“Mañana (por hoy) vamos a salir a la calle a protestar, porque hay mucha gente reclamando. Vamos a pedir que el doctor Jenefes, miembro del Superior Tribunal de Justicia, por una razón de ética se aparte de la causa, ya que por afinidad familiar no tendría que haber intervenido en el caso”, sostuvo Germán Víctor Gaspar, ex trabajador de la empresa ahora privatizada.
En primera instancia la doctora Alcoba falló a favor de los 518 trabajadores; fue en septiembre del 2011. Hace tres años, sin embargo no se les reconocen esos derechos, que son el cobro del 10% de las utilidades de la empresa privatizada. “Pero además hay jurisprudencia, en Buenos Aires, en todo el país, con YPF, con Acindar y Somisa; hubo casos similares donde se falló a favor de los trabajadores. Inclusive, en Salta, el gobernador Urtubey le entregó las acciones y los dividendos que le correspondían a todos los trabajadores” sostuvo Gaspar.
Aclaró que la empresa deposita las utilidades correspondientes al 10%, de este programa, que deberían haber sido depositados a cuenta de los trabajadores. “El Gobierno hace uso de estos fondos, me imagino para campaña política. En los balances que realiza la empresa, en tres o cuatro, figura que no hubo ganancias, pero cuando no hay un control obrero, se pueden pintar esos números de distintas manera. Hay tres o cuatro años, que figura que no hubo ganancias, cuando el Gobierno de la provincia le garantizaba a la empresa un mínimo del 10% de ganancias por los diez primeros años. O sea que no puede no haber habido ganancias”, afirmó el ex trabajador.
En un momento, el gobernador Fellner había propiciado un decreto para beneficiar solamente a aquellos trabajadores que continuaron trabajando en la actual empresa prestataria del servicio. Pero según Gaspar, la ley dice que “serán beneficiados con el programa de propiedad participada, todos los empleados, de las empresas públicas del Estado nacional, provincial y municipal, que al momento de su privatización, figuren en la planta de personal permanente”.
“Si hay una nueva sentencia y se llega a recurrir, tendremos que llegar hasta la Corte Suprema de Justicia”, recalcó Gaspar.