El Municipio debe asumir responsabilidad ante la falta del transporte de pasajeros

"La realidad es muy triste, porque ninguno de los organismos encargados de expresar las razones de la suba del boleto, pudo evitar estas medidas, tanto el Concejo Deliberante con una vergonzante sesión o la intervención del Poder Judicial. El único que puso la cara porque dio las razones y motivos de la suspensión del aumento del boleto fuel doctor  Pedicone, dio los fundamentos, puede gustar o no, pero es el único que dio razones.

“La conclusión a la huelga de un lock out, es un delito”, apuntó el abogado y justificó esa posición debido a que está previsto en el Código Penal,  “para el caso de los sindicalistas cuando ejercen violencia física o moral para llevar a cabo una medida de fuerza y en el caso de los empresarios, acuerdan el cierre, la quita de prestación o la huelga para la suba de un precio. En este caso es agravado el delito porque se trata de la no prestación de un servicio público y el delito se comete a los fines de la obtención de un beneficio concretamente económico”. 

Cabezas habló de un “peligroso camino” donde la municipalidad tiene todas las facultades para sancionar  a las empresas que no prestan servicios y hasta intervenir para garantizar el servicio. “Si esto se concreta como lo anunciaron, debe no solamente tomar las sanciones de tipo administrativa, quitarle la licencia. La quita de la licencia es la sanción máxima. Pero también debe  accionar penalmente. Así como lo denunciaron al “perro” Santillán y compañía por los desmanes en la intendencia, aquí también tiene que denunciar a los empresarios”.

Recalcó en ese sentido, que  “los servicios de transporte público de pasajeros, son de propiedad del municipio y responsabilidad del municipio; no son propiedad de la empresa. El municipio lo brinda por medio de una concesión de un tercero. La municipalidad estaría totalmente legitimada, para llevar choferes, subirlo a los colectivos, llevarlos adelante y tomar la oficina administrativa, mientras dure esta decisión de los empresarios de no prestar servicios”.

Según la concesión que se otorga, la característica del servicio público, es la no interrupción, su continuidad, su permanencia, con una continuidad que es dable que no sea interrumpida, por ejemplo el SAME, las escuelas, las guardias de los hospitales y en este caso el transporte de pasajeros. Por lo tanto dejó en claro que “los empresarios no pueden hacer un paro, por más que la decisión no les guste”.

Cargó responsabilidad también en la Justicia que “debería actuar de oficio porque es un delito en contra de la libertad de trabajo y asociación, porque denota un acuerdo empresarial”. 

En este caso este delito es agravado porque es un servicio público, pero es responsabilidad de los fiscales iniciar una investigación. “Pero en Jujuy muchas veces se promocionan delitos públicamente y no se toma carta en el asunto. Desde que se hablaba de que el Gobierno no rinde cuenta hace veinte años. ¿Aalguien sabe si algún fiscal promovió acción penal por el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, de los responsables de rendir cuenta? No lo hicieron y no lo van hacer. Pero sí son rápidos para promover acción a los compañeros gremialistas de la Intersindical, para desalojar Rentas; para eso son rápidos y veloces que uno se queda asombrado”.