El gobierno de la provincia no tiene política de seguridad

Un informe de Canal 2 dejó al descubierto cómo se administra la seguridad pública en la provincia, y cómo incide esta situación en la seguridad que se brinda a los 700 mil habitantes que hay en territorio jujeño.

Si bien hay una cantidad de efectivos adecuado al número de habitantes, 1 cada 100, los 7 mil efectivos que trabajan en las áreas administrativa, profesionales, técnicos y seguridad no cuentan con los elementos necesarios para desempeñar adecuadamente sus labores. La totalidad de estos efectivos, se compran por sus propios medios los uniformes, las esposas y en algunos casos hasta las armas que utilizan.

Los sueldos de los efectivos policiales apenas alcanzan al haber mínimo estipulado por ley, rondando entre los 3.500 y 4.000 pesos por todo concepto para el caso de los efectivos que cumplen labores de seguridad en la calle, siendo quienes más riesgo tienen. La situación salarial se agrava, cuando los oficiales nuevos que están en servicio desde hace 10 meses, no cobraron siquiera su primer sueldo, o sea que trabajan sin cobrar hasta ahora.

En cuanto a armamentos específicos, hay un déficit de 1000 pistolas, es decir que hay un número igual de policías que salen a la calle sin su arma reglamentaria. Luego de los incidentes del año pasado en el barrio Malvinas, muchos policías quedaron sin cascos ni escudos, ni bastones en el caso del cuerpo de infantería. Se generaron expedientes solicitando ese equipamiento hace diez meses y hasta ahora no obtuvieron repuestas.

En cuanto al presupuesto para la fuerza, no se cuenta con uno específico, según revelaron fuentes de ese organismo. Cuando se necesita algo, se generan expedientes y se dispone la partida desde el ministro de Gobierno. Ni siquiera el área de narcotráfico dispone de presupuesto específico; todo se realiza a “pulmón”.

La situación del parque vehicular es mucho más grave. La policía cuenta con 260 vehículos, de los cuales 230 no están en condiciones de circular o no sirven directamente. Eso significa que en condiciones, hay sólo 30 vehículos para toda la provincia, que son los que se adquirieron recientemente.

En los años 89 y 90, el cuerpo de Radio Patrulla, contaba con 12 a 14 vehículos para cubrir el área de San Salvador de Jujuy únicamente. Hoy, para la misma labor, hay 10 vehículos y 15 motos aproximadamente, cuando la población de esta ciudad creció de una manera importante.

Los policías no conocen lo que son los GPS, ni qué hablar de un sistema computarizado. Los vehículos, de cualquier fuerza policial, tienen una vida útil de 2 años solamente y se deberían renovar constantemente.

En materia de seguridad vial, también es casi nula la prevención que se hace en las rutas de la provincia, porque la policía cuenta con 4 móviles solamente. Para tener una idea de la insuficiencia, la vecina provincia de salta tiene 70 móviles afectados a seguridad vial solamente y en promedio tras provincias cuentan con alrededor de 100 móviles para ésta área.

El cuerpo de infantería directamente no posee móviles; todos están destruidos por el uso o mal uso que se les brinda.

La situación del cuerpo de bomberos es algo similar; la última incorporación de equipamientos se realizó en el año 1990. Hoy el cuerpo central, está sin autobomba porque la tienen en reparación y la misma estará fuera de servicio por un largo tiempo más. En caso de emergencia, se acude a la recuperada autobomba del cuartel del barrio Gorriti.

Aparentemente se habría firmado la autorización desde Casa de Gobierno para la compra de un camión autobomba nuevo, adecuado a las necesidades de nuestra ciudad y no de la tecnología que se requiere según las especificaciones o normas internacionales. Pero desde la misma fuerza, se sostiene que no es la primera vez que tienen esa información, que se hacen los trámites y el camión nuevo nunca llega.

La situación de Alto Comedero es muy particular. Cuando se decidió comprar motos para la Unidad Regional 7, desde la policía se generó expediente solicitando que no se adquieran motos marca Corven, por la fragilidad y dimensiones de la mismas y teniendo en cuenta la zona muy irregular. Igual se adquirieron estas motocicletas sin escuchar las sugerencias de los especialistas de la fuerza y ahora tienen 40 rodados destruidos a pesar de que son modelos recientes.

El sistema 911, lejos de la inauguración del sistema tal cual lo establecen las normas internacionales, sólo cuenta con 47 cámaras. Se tienen que instalar sistemas computarizados, tener móviles en condiciones y tecnológicamente equipados. Todo esto a pesar de que el gobierno nacional subsidió la instalación de estos equipamientos y de todo el sistema.

La división Criminalística tiene profesionales formados y capacitados, pero no tienen nada de equipamiento; no existe ni siquiera un laboratorio móvil para poder trasladarse a los lugares donde suceden hechos delictivos.

La situación de los detenidos en seccionales y comisarías es deplorable. Actualmente hay 270 detenidos que deberían estar en los servicios penales y no detrás de las rjas en seccionales con todas las complicaciones de atención y seguridad que significan. Es una situación que no se resuelve desde hace años, porque el gobierno no quiere resolverlo.

La legislación, cuenta con un código contravencional de la década del 50 y el proyecto de una nueva ley orgánica quedó parado desde el efectivo.

Para considerar un dato más, próximamente van a inaugurar un polígono de tiro del GEOP, todo con esfuerzo propio de los integrantes de esa fuerza y el gobierno no puso un solo peso.