El empleo público bajo la lupa

Dejando de lado cualquier estigmatización, es necesario aclarar que numerosas oficinas públicas cumplen desempeños destacados y logran brindar los servicios que los ciudadanos requieren como devolución por el aporte a través de impuestos.

El foco está puesto, no obstante, en aquellas áreas que han sido atravesadas por la política, en donde el clientelismo ha poblado reparticiones con personas que se ganaron sus lugares en las campañas electorales y no en concursos que demuestren su capacidad.

Allí es donde los servicios que debe prestar el Estado flaquean.

Con cuatro millones de trabajadores aproximadamente en todo el país, en los distintos niveles, el Gobierno nacional, los provinciales y los municipales, son por lejos los mayores empleadores del país.

El porcentaje del Producto Bruto Interno que se destina a sostenerlo es importantísimo.

El espíritu de la revisión implica justificar ese gasto gigantesco y darle eficiencia a cada oficina pública.

El desafío es grande y complejo. Los cambios deberán notarse con el tiempo. Para dar el primer paso, se conoció ayer que el Ministerio de Modernización creará la Universidad de la Administración pública, donde cada agente tendrá la obligación de capacitarse, formarse y mejorar su prestación.

Esto, que surge como iniciativa nacional, se encuentra en estado de gestación en la provincia, donde la secretaría de modernización prepara una ley que sería presentada a fines de este mes, tras el visto bueno del gobernador.

Las herramientas proyectadas para el cambio en los servicios públicos son numerosas y variadas.

Lo que importa en esta etapa parece ser la concepción de la política: el empleo público debe cambiar.

La fama de burócratas indolentes deberá erradicarse de muchas oficinas para dar paso a la eficiencia.

El sector de la ciudadanía que utiliza los servicios por los que paga parece estar conforme con esta decisión.