El Concejo Deliberante aprobó dudoso contrato de leasing

Básicamente, para que se entienda, el leasing es un producto financiero o un contrato de arrendamiento con opción de compra mediante el cual una persona o empresa (en este caso el municipio) solicita a un banco, institución financiera o sociedad de leasing (arrendador) que adquiera la propiedad de un bien (generalmente maquinaria) para que posteriormente le ceda su uso a cambio del pago de rentas periódicas (se lo arriende) por un plazo determinado, y en el cual, una vez concluido, se tenga la opción de comprarle el bien.

La ordenanza autoriza además de arrendar maquinarias, a que se use parte de ese dinero para la realización de obra pública, con lo cual escapa la finalidad que tiene esta herramienta financiera.

La ordenanza, además de ampliar considerablemente el monto respecto a un proyecto similar autorizado hace cinco años, de 2 millones a 20 millones, autoriza la utilización de otras herramientas financieras para obtener fondos para obra pública, como el “préstamo”.

Con estas medida no solo está endeudando al municipio, sino que se distorsiona el verdadero sentido que tiene el leasing, como una posibilidad para adquirir bienes para el municipio.

Además, para muchos de estos bienes que se pretende adquirir, se han creado tasas y fondos específicos, que seguramente en la actualidad no se están destinando a tal fin, con lo cual se hacen más desprolijas las verdaderas intenciones que tiene esta herramienta financiera.

Antes de aprobar la ordenanza, los ediles no tenían en sus manos los detalles de las operaciones a realizarse, los montos definitivos ni enumerados los bienes a adquirirse, como sucediera cinco atrás, donde sí se podía conocer qué se iba adquirir, la entidad financiera interviniente, los plazos y demás condiciones.

El municipio capitalino, tiene en vigencia dos tasas que tienen que ver con Higiene Urbana: la primera destina el 35% de lo que se recauda por este concepto para comprar elementos que hacen al área. La otra tasa, tiene que ver con las licencias de conducir, donde el municipio recaudó 4 millones de pesos en el 2014, cuyos monto van a un  fondo específico para equipar determinadas áreas de servicios de la municipalidad.

Entonces la pregunta sería: ¿para qué contratar servicios del leasing si los fondos que se recaudan alcanzan para la adquisición de muchos de los bienes pretendidos?

“Entendemos que no está la documentación respaldatoria con los anexos y detalles de lo que se va a comprar, porque no deja de ser  un crédito, por lo tanto se debe seguir con los procedimientos de la Ley de Administración Financiera a los que adhirió el municipio”, aclaró el concejal Guillermo López Salgado.

También observó los tiempos en que se aprobó la ordenanza. “Se hace siete meses antes de la finalización de la gestión y no creo que lo que no se hizo en cinco años, se lo haga ahora” planteó en conversación con Radio 2.

Por su parte, el presidente del bloque oficialista de la UCR Lisandro Aguiar, aclaró que es una autorización que ya se había dado en el 2010. “Había tenido algunas cuestiones de autorizaciones del gobierno provincial y nacional. La idea por el tiempo transcurrido, es ampliar el monto y el objeto”, sostuvo.

Además dijo que la idea es adquirir dos camiones compactadores, grúas para el servicio de alumbrado, elementos para obras públicas. Pero a la vez dijo desconocer los detalles de los montos finales y la entidad bancaria interviniente, lo que va a determinar el Ejecutivo.

Aguiar sí fue claro al especificar que “sería para la compra de equipamiento y para poder llevar a cabo algunas obras públicas puntuales como pavimentación en algunas arterias centrales”.

Recordemos que desde el Gobierno de la Nación, a través del Fondo Solidario de la Soja, se envían directamente a los municipios de todo el país, fondos necesarios para ser invertidos específicamente en obra pública.

Por otra parte, la concejal Rita Robles, quien afirmó que “nada justifica este endeudamiento y tampoco es necesario” y que “con lo recaudado con el fondo de Higiene Urbana y el Fondo de la Policía de Tránsito, entre los años 2013 y 2015,  que superaron los 20 millones de pesos, se debería haber comprado la maquinaria requerida”.

También advirtió que la Ciudad de San Salvador de Jujuy queda muy vulnerable a un endeudamiento que va heredar el siguiente Gobierno.

“Este mandato ya está por terminar (…) En el municipio se  recauda lo suficiente para hacer inversiones en las distintas dependencias de la municipalidad”, afirmó Robles. La Legisladora aseguro que “esta política está ligada al gasto y al pago de sobreprecios  y no a la inversión” y aseguro que “si los fondos de Higiene Urbana y de la Policía de Tránsito se hubiesen destinado a inversión, hoy no sería necesario endeudar al municipio por esta cantidad”.