Dr. Antonio Gómez: “Detrás de un delito ambiental, hay un funcionario público corrupto”

El fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez lleva más de 20 años investigando delitos ambientales y tiene una vasta trayectoria en la justicia penal, una autoridad en la materia que descubre al mismo poder al que pertenece, la complicidad de los funcionarios públicos y la falta de acción de la sociedad para denunciar los delitos ambientales.

Dice Antonio Gómez, “El Poder no le interesa tampoco la grave crisis que está padeciendo el planeta entero, en materia ambiental. Los Estados han sido reemplazados por multinacionales y desde allí son dirigidos los gobernantes que tenemos y que curiosamente, son elegidos por nosotros”.

Aseguró además que hoy “la protección del medio ambiente, la supervivencia del planeta tierra, está en manos hoy,  no de los gobernantes, sino de empresas multinacionales,  que buscan afincarse y hacer una producción extractiva con el único fin de obtener ganancias. Ya hemos perdido el norte en estos temas y lamentablemente el poder político es cómplice y también es cómplice el Poder Judicial”.

Reafirmando esta sensación, afirmó que “esta complicidad consiste en otorgarle todos los permisos, que las multinacionales exigen. El sistema capitalista y de mercado, se impone por las ganancias en las bolsas en los comercios, se impone por las ganancias. Sus acciones suben cuando usted gana dinero y bajan cuando pierde dinero. En el obtener las ganancias, hay un todo vale en materia ambiental y va por encima de grupos armados, como ocurre en África, para la obtención de sustancias minerales estratégicas, como el Coltam, por ejemplo”.

Los responsables de esta situación son las grandes empresas mineras, sostuvo. “Lo que hacen estas empresas multinacionales, verifican en los países del mundo cuáles son los gobiernos más débiles y a partir de allí hay que comprarlos o obligarlos a rendirse corrompiéndolo. La administración de Justicia que tendría que ser el ámbito donde se debería juzgar a estos poderes económicos y a los gobiernos que hacen tremendo daño, les garantiza impunidad. Entonces con la corrupción y la impunidad garantizada, las acciones de las bolsas en los países del primer mundo, suben. Si ustedes se fijan las cotizaciones en bolsa de las empresas multinacionales como las mineras, o las dedicadas al petróleo, suben cada vez que hay una crisis de bolsa porque son las únicas que no son afectadas por esta crisis económica”.

Otro hecho más ultrajante y grave es la complicidad de estas empresas con gobiernos de facto. “Le puedo asegurar, con certeza absoluta, de que detrás de los golpes de estados que se dan en muchos de los países de América latina, están las empresas multinacionales que los gobiernos democráticos de turno se negaban a ceder esos espacios. Hay casos ostensibles en la historia de nuestro país, que ocurrieron de esa manera. Piensen ustedes en el derrocamiento de Illia, por ejemplo por el tema de los contratos petroleros”.

Apuntó también al poder político, especialmente porque “detrás de cada delito ambiental, siempre hay un funcionario público corrupto. Cada delito ambiental, tiene detrás un funcionario que lo autoriza, por eso siempre investigamos las dos patas de la acción.

Indefectiblemente los poderes de turno son cómplices y  a un punto tal que uno puede decir, un funcionario público que tiene el control del medio ambiente, cuando ve un caso de contaminación  o un delito ambiental, va y lo denuncia, porque esa es su obligación por ley, por el Código Penal. Pero no, no solamente no vienen hacer esa denuncia, sino cuando pedimos información la niegan o nos mienten en la información y si eso fuera poco, a aquellos funcionarios que por alguna circunstancia insistimos, a pesar de todo esto, en investigar los delitos ambientales, nos atacan y desde el propio gobierno. Es muy complicado resolver este problema, porque la sociedad se divide en esta de una fuente de trabajo inmediata, a cambio de sacrificar la salud de nuestra tierra, de nuestros hijos y de las futuras generaciones”.

Esta situación también es porque falla el control ciudadano, y consintió que  la gente no reacciona frente a estos casos que pasa al frente de su casa. “Exactamente, está claro para todos, que el sistema de administración de justicia penal está en un caos, es un fracaso, que no tenemos administración de justicia penal, salvo excepciones honrosas, pero no la tenemos como regla general, tanto en el orden federal como en el orden provincial Es un fracaso la administración de justicia penal, este es el primer punto. El segundo punto, es que para una causa penal pueda prosperar, lo que nos enseña la experiencia de los delitos de lesa humanidad, de la época del terrorismo de estado, es que las causas penales avanzan en tanto y cuanto existen organizaciones y existe un pueblo organizado, que reclama de las autoridades gubernamentales ese esclarecimiento. A veces con mucho atraso”.

Consultado sobre si es posible que la gente con todos los problemas que tiene, deba organizarse para salir hacer lo que no hace el estado. “Indefectiblemente, si no es así vamos a vivir peor. Es una cuestión de sobrevivencia, de la misma manera y lamentablemente, somos hijo del rigor. Fíjese que ocurre con la inseguridad, este no es un problema que no se pueda resolver. Es que necesita una organización donde esté sentada en una mesa común, los fiscales provinciales, federales, jueces, poder político de turno y las organizaciones que representa a las víctimas. Eso es más que suficiente para resolver este problema, ahora nunca se hace. Cuando nosotros reaccionamos ante esa falta de acción, solamente cuando nos golpea la puerta de casa. Cuando me atacan, me roban, cuando violan a uno de mis hijos, cuando asesinan a un familiar, a un vecino. Recién allí salimos a la calle y lo hacemos con carteles que son equívocos, porque decimos que reclamamos justicia y quien no quiere justicia.

En este sentido, en la protesta o en los reclamos hay que ser más específicos, dijo. “El punto es que ese hay que ponerle a esa justicia nombre y apellido; ‘Señor Juez fulano de tal, usted tiene el expediente, usted tiene el expediente investigue’. Solamente cuando nos golpea la puerta de casa, y en materia de delitos ambientales ocurre lo mismo. Cuando usted tiene un paradigma de persona que fallecen por cáncer, en un área determinada, en donde excede la media normal que recibe un hospital, recién los vecinos empiezan asustar y a organizarse para saber porque los amigos de la cuadra mueren de cáncer de una manera distintas. Somos hijos del rigor en ese sentido”.

Recalcó, que “en tanto en cuanto que la gente esté orientada así, porque si no vamos a desembocar en una crisis como la que tuvimos en el 2001. Esa fue una crisis de poder, donde la gente desembocó en la calle de un modo muy desorganizado, muy anárquico y que a duras penas pudimos resolver”.

Sobre el rol que debería tener el estado nacional frente estos problemas, sostuvo que “Si me dice que hay alguna política ambiental de protección de medio ambiente, le digo que no. tenemos una muy buena legislación, generalmente sacada con forcet del Congreso de la Nación. Píense en la ley de bosques nativos, en la ley de glaciares, la ley general del ambiente. Todo esto ha sido gestado, empujado y sancionado en el Congreso por la presión pública que hubo en torno de estos temas. Pero al mismo tiempo, aquellos funcionarios que deben aplicar Esas leyes, duermen los sueños de los justos.