Desde el municipio, instan a taxistas acatar las ordenanzas

El blanqueo laboral a los choferes de taxi, generó en los últimos días un cruce de acusaciones entre los diferentes sindicatos que agrupan a este sector de trabajadores y en el medio quedó el municipio capitalino con un problema que deberá resolver en las próximas horas, para evitar que un nuevo corte de accesos al caso céntrico, afecte a la población en general.

La situación se tornó conflictiva el pasado martes, cuando un grupo de choferes pertenecientes al sindicato de Choferes Auxiliares de Taxis, adodptó la medida de protesta contra el blanqueamiento de los trabajadores, con cortes realizados alrededores de la terminal de ómnibus.

El blanqueo de los trabajadores comenzó a tomar injerencia en las inspecciones de los vehículos que prestan el servicio de radio taxi y remises, a quienes se les está exigiendo el cumplimiento de una ordenanza aprobada el año pasado, donde se obliga a los titulares de los vehículos a declarar en qué condición laboral están los choferes que tienen a cargo.

Esta información es luego remitida por la Dirección de Tránsito a la Dirección de trabajo, que tiene poder de policía laboral y realizará las medidas de control correspondiente.

Esta ordenanza causó revuelo en los choferes auxiliares de taxi. Muchos de ellos se niegan al blanqueamiento laboral, porque consideran que muchos quedaran sin trabajo, razón por la cual salieron a protestar en la calle.

En este sentido, el Director general de Tránsito y Transporte, Eduardo Montenegro y el Secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, consideraron que las medidas adoptadas por los choferes no son las adecuadas para dialogar con el municipio. “Muchas veces podemos entender los reclamos pero no compartimos las metodologías, sobre todo cuando éstas atentan contra la seguridad del resto de la población  y fundamentalmente está basada en la falta de respecto a las demás personas”, afirmaron los funcionarios, en diálogo con Radio2.

Montenegro dijo: “La protesta puede ser respetable pero no la compartimos en el sentido de que la ordenanza que ellos cuestionan, fue sancionada el 1° de septiembre del 2011. Esta estipulaba las condiciones que debían regirse a partir de la fecha que reglamentara el ejecutivo municipal. El decreto reglamentario fue firmado en el mes de febrero, y en ese mismo mes se notificó a todos los actores involucrados en la actividad de que a fines de abril, primeros días de mayo, se iba a poner en vigencia. Estamos hablando de plazos amplios y comunicaciones efectivas que no fueron tenidas en cuenta. Nos llamó la atención porque la desinfección de los vehículos transita su tercera semana y recién  aparece una situación de estas características”.

Destacó el funcionario, que cuando los representantes de los taxistas, se presentaron en el municipio a pedir audiencia, plantearon que en esas condiciones y con atropello no podía darse el diálogo, solicitando sean levantadas los cortes y a partir de allí se iba a entablar el diálogo.

En esa oportunidad también se hicieron las denuncias correspondientes en la seccional de policía del Barrio Cuyaya y se labraron las actas de infracción correspondientes a todos los vehículos participantes de la protesta, por directivas expresas emanadas del Secretario y el Intendente.

“Desde el municipio, lo último que queremos es que se ocasione un perjuicio a la comunidad. La cuestión sigue siendo la misma, todo tipo de medida de fuerza, aún cuando no se agotaron las vías de diálogo no tienen fundamento. Sea quien haya tenido la iniciativa para la ordenanza, es el blanqueo de los trabajadores lo que se objeta. Hay una situación muy clara y viene desde hace muchos años. Hay choferes que no se encuentran habilitados laboralmente, o están trabajando en negro. Esas personas que no tienen aportes jubilatorios, no tienen obra social. Si bien el sindicato de peones de taxi está realizando los trámites correspondientes para el blanqueo,  la función de policía laboral no le corresponde al Municipio, sino a la Provincia. Al sancionar la presente ley, el Municipio se comprometió a hablar con los titulares para que sean ellos quienes notifiquen quiénes están en relación de dependencia o no y nosotros correr traslado de esa información a la Dirección de Trabajo y que tomen las medidas que corresponde” afirmó Marenco.