Desafuero de Mabel Balconte en manos de la Justicia
La Justicia provincial deberá decidir si se avanza o no con el pedido de desafuero en la Legislatura de la provincia. Una vez presentado el pedido, quedó pendiente hasta una nueva resolución de la Justicia por una apelación de la legisladora.
La Legislatura tiene 30 días para tomar una decisión, ese plazo vencería el 12 de marzo y si hasta esa fecha no hay una resolución al planteo judicial realizado por la Legisladora, ese pedido quedaría nulo o sería devuelto por la Legislatura al juez que lo solicitó.
“El desafuero es una situación que tiene que definir la Justicia. Ha tomado estado parlamentario y por normativa la Legislatura tiene que tomar una decisión antes de los treinta días, sino se cae y no se puede volver a tratar en este período” afirmó el Vicegobernador de la provincia, Carlos Haquim.
Aclaró además que “por lo tanto, quedan dos alternativas, una es que la Justicia, en función a las apelaciones presentadas por la diputada Balconte, interrumpa los plazos o pida la devolución de este pedido de desafuero”.
Si la Justicia no da ninguno de los dos pasos, la Legislatura tendrá que hacer la devolución del expediente sobre el pedido de desafuero o al tratamiento. “Había un dictamen aconsejando la devolución del pedido de desafuero. Pero creo que la Justicia tiene que tener algún tipo de pronunciamiento en este sentido, respecto a cuál es el proceso en el cual está la cuestión judicial”, sostuvo Haquim a los medios de prensa.
A la fecha se encuentra vacante el cargo de Defensor del Pueblo y sus adjuntos. La Defensoría está a cargo momentáneamente por el Dr. Hugo Eleit quién reemplazó a Víctor Galarza hasta que se nombre a un nuevo titular.
En este sentido, Carlos Haquim, consideró que “la ley no dice que este cargo sea para la oposición, sino que por un acuerdo o un uso en la provincia, ha hecho que por acuerdo políticos esa función del Defensor del Pueblo, no esté el defensor vinculado a algún espacio de la oposición”.
Destacó además que “más allá del espacio al que represente esa persona, pretende para los jujeños que quien sea Defensor del Pueblo de la provincia, una persona honorable, intachable y cumpla el rol que tiene esta institución que es la protección y la defensa de los derechos humanos de todos los jujeños”.
Reconoció el Vicegobernador que en algún momento hubo un intento de un sector de la oposición de proponer a un señor Ibáñez, “cosa que no fue aceptado no solo por el bloque Primero Jujuy, sino que también fue rechazado por integrantes del Bloque del Frente para la Victoria.
Para la designación del defensor hace falta los dos tercios de los votos en la Legislatura. “Es una mayoría agravada y por lo tanto cuando baja al recinto la propuesta tiene que contar con los acuerdos necesarios para que se vote. De lo contrario será rechazada”.