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Denuncian al ministro de Seguridad, un fiscal y un juez por espionaje ilegal

Referentes nacionales de derechos humanos los acusan de infiltración, seguimiento y recopilación de datos privados en el marco de una persecución las organizaciones sociales de Jujuy.

  • Referentes de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia denunciaron por espionaje ilegal al ministro de Seguridad de Jujuy, un juez y un fiscal.
  • Organismos de derechos humanos de Jujuy adhirieron a la denuncia.

Desde la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia se promovieron acciones penales contra el ministro Luis Martín y el director general de Seguridad Marcelo Rodríguez, junto a varios miembros del poder judicial, considerados responsables de tareas de inteligencia y posteriores allanamientos desarrollados durante el corriente año.

Organismos nacionales vuelven a poner la lupa sobre el peculiar funcionamiento del sistema judicial jujeño, tan criticado que hasta dos proyectos de intervención fueron presentados en el seno del Congreso (2020 y 2022) en tiempos recientes. Esta vez fue formalizada una denuncia penal contra algunos de los apellidos destacados del Ministerio de Seguridad, Ministerio Público de la Acusación e incluso un magistrado, cuya participación al menos intelectual habría resultado fundamental para el éxito de las acciones de espionaje ilegal y derivados.

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Diego Ignacio Funes

Diego Ignacio Funes

En la denuncia formal se mencionan el ministro de Seguridad Luis Martín, el Jefe de Policía Héctor Horacio Herbas Mejía, el titular de la Agencia provincial de Delitos Complejos Marcelo Rodríguez, el titular de la Unidad Fiscal de Investigación especializada en delitos económicos y contra la Administración Pública N°2 Diego Ignacio Funes, y el titular del Juzgado de control en lo Penal y delitos contra la Administración Pública, Rodolfo Miguel Fernández.

La denunciante, Gabriela Diana Carpineti (a la que adhieren organismos de Derechos Humanos de Jujuy), sostiene que el 1 de abril de este año “se dispuso infiltrar personal de la Agencia en la movilización llevada a cabo por organizaciones sociales, sindicales y políticas”.

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Rodolfo Miguel Fernández

Rodolfo Miguel Fernández

También marca en el documento de su denuncia que el 31 de marzo de este año se solicitó que “personal se constituya en los lugares donde se reúnen las organizaciones sociales a los fines de lograr individualizar a los referentes de cada organización como así también individualizar a cada persona de los distintos grupos sociales que se encuentre tomando asistencia o realizando anotaciones con respecto a la cantidad de personas que participan de esa organización”.

También enumera las organizaciones sociales y sindicales que habrían sido objeto de espionaje, y los datos que se obtuvo en cada una de ellas.

Asimismo, menciona la posible orden de allanamiento de domicilios de dirigentes.

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