Crimen de Humahuaca: “Se trató de un negocio inmobiliario millonario”
El letrado desmintió esta mañana los rumores acerca de su desvinculación con el caso y aseguró que la investigación avanza favorablemente.
En ese sentido, informó que en la tarde de hoy se iban a presentar 25 pruebas testimoniales a los efectos de que las personas que estuvieron presentes desde el inicio de los hechos puedan brindar más datos relevantes acerca de lo ocurrido.
Ayer, indicó, se abstuvieron de declarar los tres imputados: Miguel Ángel Guerra, Marco Antonio Guerra y Moisés Lavayén. “Era de esperar que se abstengan. ¿Qué iban a decir? Absolutamente nada”, opinó.
Comentó que como parte acusatoria tuvieron acceso a los resultados de las pruebas de parafina, las cuales dieron positivo en los tres imputados y en el caso de Marco Antonio Guerra dio positivo en ambas manos.
“Hubo asociación ilícita”
Rivas aclaró que el caso no se apoya únicamente en la responsabilidad de los tres imputados sino que además, la querella considera que existió asociación ilícita puesto que la usurpación no habría estado motivada por una necesidad habitacional sino más bien por un negocio inmobiliario de importantes proporciones.
"Esta querella aportó en el día de ayer pruebas contundentes que hacen a los planos incluso con fotos satelitales de cómo se iba a realizar la usurpación y la distribución de los lotes”, detalló Rivas.
En ese contexto, el abogado dio cuenta de la existencia de un recibo por el monto de 10.000 pesos que se le habrían pagado a Marco Antonio Guerra para que usurpe los terrenos y “mantenga la posesión” de los mismos.
Al respecto, aseguró que toda esta evidencia señala que la Organización Tití Guerra “vende sus servicios delictivos” y que previo al intento de toma de tierras hubo una planificación importante.
“Se le da plata a Marco Antonio Guerra y el resto es para distribuirlo entre los integrantes de esta organización barrial Tití Guerra, y no solamente entre ellos sino que hay empresarios y personas que no son de la provincia de Jujuy. Es decir que necesidad habitacional no había”, afirmó.
Luego dijo: “De lo que estamos hablando es de un negocio inmobiliario. Si tenemos en cuenta que cuesta entre 60.000 y 80.000 pesos el lote, estamos hablando de 3.600.000 pesos en negocio.
“Esta es una organización abalada por el Estado provincial”
En otro tramo de la nota, el abogado de la familia Condorí dijo que parte de la responsabilidad por lo ocurrido en Humahuaca también le corresponde al Ejecutivo, puesto que es el gobierno el que le otorga la personería jurídica a organizaciones como la Tití Guerra.