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Brindan “tratamiento social” a víctimas de violencia familiar

Debido a que en los últimos tiempos se han multiplicado los casos de maltratos a mujeres y niños, desde el municipio capitalino se brinda un asesoramiento legal y una contención psicológica y de salud.

Días pasados se conoció el caso de Miqueas, el niño de 10 años que fue salvajemente golpeado por su padre a cintarazos cuando éste y un amiguito practicaban en su casa un baile para la Fiesta de los Estudiantes. El padre, ofuscado por el alto volumen de la música, subió al primer piso –donde vive Miqueas junto a su madre- echó al amiguito de la casa y golpeó brutalmente a su hijo.

Ayer familiares del niño y la madre marcharon por las calles céntricas de la ciudad clamando justicia y remarcando que, a pesar de las denuncias, el padre continúa maltratando a su hijo.

La movilización de los familiares se dirigió a Tribunales y culminó en la Comisión de Derechos Humanos, donde Nadia Reinaga, madre del niño, pidió ayuda para poner fin al calvario que viven desde hace años, ya que, según señaló, la Justicia ni la Policía –que debe cumplir las órdenes de aquella- actúan preservando los Derechos del Niño.

De inmediato, se pusieron a disposición los abogados de la Comisión de derechos Humanos, a fin de asesorar a la madre y a sus familiares que, agregaron, han sido amenazados por Gabriel Nicolás Ángel Vargas, el padre del niño salvajemente golpeado.

En este contexto, Radio 2 consultó a la Secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad, Ada Galfré, quien hizo referencia a la violencia a menores que se registra en la capital jujeña, indicando que “la violencia se da mucho en niños y mujeres y Jujuy no es la excepción. Lo que pasa es que en Jujuy no hubo un registro durante muchos años, tampoco lo hay a nivel provincial. El único registro que existe es del servicio del municipio, que es el único centro de atención integral de la violencia familiar y funciona acorde a los términos de la ley, incluido un refugio para los casos extremos y con tratamiento integral para la víctima, también se aborda todo el proceso judicial y se asiste jurídicamente a las víctimas en representación de las mismas, no solo se asesora porque lo que se hace en todo el país es un asesoramiento, que no es lo mismo que llevar la causa”.

“Según este registro, tengo entendido que se superan ampliamente los mil casos anuales de denuncias, algunos están con el tratamiento, otros no continúan y otros piden asesoramiento porque es todo un proceso donde la persona tiene que estar fortalecida para poder sostenerse en querer salir de esta situación. Pero hay que tener en cuenta que estamos hablando sólo de la ciudad de San Salvador de Jujuy, no de toda la provincia y además, sólo de los que se animan a denunciar”, dijo.

Galfré dio cuenta también de los hechos de violencia sucedidos en el último tiempo en la provincia de Jujuy y aclaró cuál es el procedimiento que se tiene que seguir para denunciar estos casos, indicando que “así como las víctimas tienen que denunciar, también la Policía o la institución que reciba el caso debe derivar no sólo a la Justicia como una cuestión de delito, sino también al tratamiento social, porque si esa persona que fue víctima de violencia en cualquiera de sus formas, no recibe una contención psicológica e incluso de salud en general. Tiene que quedar en claro que nunca va a salir su situación de violencia porque la violencia necesita ser realmente abordada en esa situación irregular para que esa persona pueda superarla fundamentalmente entendiendo que nadie tiene derecho a usar la violencia en cualquiera de sus formas sobre esa persona, no importa la edad o el sexo que tenga”, señaló.

Y agregó que “hay que seguir insistiendo con el trámite es absolutamente gratuito, en caso de exclusión de hogar el juicio debe ser sumarísimo, esto quiere decir muy rápido. Ya es una irregularidad y constituye violencia institucional que un juicio demore años sobre un hecho de violencia porque encima hay riesgo de vida”.

“En cuanto a la exclusión del hogar, la ley establece que es el agresor el que tiene que salir del hogar y además tener en cuenta una cosa que no siempre se da: frente a un hecho de violencia, cuando hay una exclusión de hogar, la misma debe ser por una situación de detención porque hay un delito cometido y esa persona no puede estar libre”, puntualizó.


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