6 horas de batalla judicial en Tribunales

El jueves 7 de junio se vivió una jornada cargada de incidentes, judiciales y extrajudiciales, en el palacio de tribunales, durante la realización de la audiencia preliminar que antecede al juicio oral y público por la causa conocida como “Pibes Villeros”, que investiga el desvío de fondos por un monto aproximado a 60 millones de pesos, que debían destinarse a obras de hábitat. 

La principal imputada es Milagro Sala, su esposo Raúl Noro, y otros integrantes de la red de organizaciones sociales que supo liderar, como Mirta Guerrero, alias “Shakira” y el barrabrava Alberto “Beto” Cardozo. 

También están involucrados los ex funcionarios Lucio Abregú y Pablo Tolosa, ex presidente y vocal social, respectivamente, del Instituto de Viviendas. 

La audiencia, que fue presidida por el tribunal que juzgará a los acusados, compuesto por las juezas Alejandra Tolaba, Ana Pérez Rojas y Cecilia Sadir, comenzó pasadas las 16 horas y sólo 15 minutos después de su inicio tuvo el primer incidente. Milagro Sala acusó un cuadro de lipotimia y, tras ser atendida por personal de SAME, pidió retirarse del acto. 

En el momento de la salidad de Sala, cuando la audiencia se disponía a continuar, fue “Shakira” Guerrero quien acusó problemas de salud y también tuvo que ser atendida. 

Tras los percances iniciales, tuvo lugar una extensa exposición de 5 de los 15 abogados defensores presentes en el recinto, quienes plantearon ante las juezas un total de 35 incidentes solicitando que se anule el requerimiento de elevación a juicio, es decir que, por distintas razones, buscan evitar que se realice el debate final en el que se juzgará la culpabilidad o inocencia de los acusados. 

Todas las objeciones estuvieron apuntadas a cuestiones de forma, ligadas al desarrollo de la investigación. 

Entre las más sobresalientes se ubicó el cuestionamiento realizado por el abogado Juan Ángel Cabezas, defensor de “Beto” Cardozo, quien cuestionó la participación de la oficina anticorrupción indicando que su titular, Joaquín Millón Quintana, se encontraba inhabilitado para ejercer la profesión de abogado por no haberse matriculado en el Colegio de Abogados de Jujuy hasta 48 horas antes de la audiencia, algo que luego fue rebatido con diferentes argumentos por el funcionario. 

Por el lado de Milagro Sala, su co – defensor, Martín Duarte, pidió que se anule el pedido de elevación a juicio ya que la fecha en la que se habría constituido la asociación ilícita que desvió el dinero según la acusación de la fiscalía, obligaba, según su análisis, a que se investigue con el código de procedimiento penal vigente hasta antes de 2011, dispuesto por la ley 3.584, que manejaba un sistema totalmente distinto, en el que los jueces de instrucción estaban a cargo de la investigación y no los fiscales. 

En consecuencia, cuestionó la intervención del Ministerio Público de la Acusación y hasta la competencia del tribunal que escuchaba su planteo. 

Además solicitó que se unifiquen los expedientes a la denominada “megacausa”, que investiga hechos similares, aunque en el marco de programas de obra pública diferentes, e involucra montos de dinero mucho mayores, cercanos a los 1.300 millones de pesos. También cuestionó los hechos que generaron la acusación al sostener que no se han apuntado con precisión por parte de la parte acusadora. 

Tras las intervenciones de los defensores, el Ministerio Público de la Acusación como responsable de la investigación penal preparatoria que derivó en el pedido de elevación a juicio, Fiscalía de Estado y la Oficina Anticorrupción como querellantes, pasaron a rebatir uno por uno los incidentes de nulidad planteados. 

Con diferentes argumentos, los integrantes de la parte acusadora le pidieron al tribunal que rechace cada planteo y fije la fecha para la realización del juicio. 

En líneas generales, la refutación se basó en que cada uno de los señalamientos de los defensores ya habían sido resueltos en diferentes instancias por distintos jueces durante el desarrollo de la investigación, por lo que en casi todos los casos los planteos eran extemporáneos. 

El fiscal anticorrupción, Millón Quintana, sacó a relucir los decretos reglamentarios de su designación y el estatuto de ejercicio de la abogacía para rebatir el cuestionamiento puntual a su participación. 

Pasadas las 22 horas, la presidenta del tribunal, la jueza Alejandra Tolaba, indicó que cada una de las exposiciones será evaluada y resuelta al término del plazo que la ley le otorga para hacerlo, es decir dentro de los próximos cinco días hábiles. 

Allí se definirá si finalmente, la investigación que saltó a la fama cuando integrantes de la cooperativas “Pibes Villeros”, parte de la red de organizaciones sociales que lideraba Milagro Sala, fueron filmados en una salida alternativa del Banco Nación en San Salvador de Jujuy, extrayendo parte de los millones que hoy son motivo de la acusación penal contra los 31 imputados.