IVUJ: Estudian una ley para recuperar 2.700 casas
40 mil familias, según los registros del Instituto de Viviendas y Urbanismo necesitan un lugar donde vivir.
Esta necesidad contrasta con la situación de 2.700 personas, titulares de las viviendas sociales que construye el estado, que hacen uso y abuso de las mismas.
Según la información difundida por los máximos funcionarios del organismo encargado de ejecutar la política habitacional en la provincia, esa es la cantidad – aproximada – de casas que durante la última década cayeron en manos de adjudicatarios que no le dan el fin social que se exige como requisito indispensable para ser beneficiario, y por el contrario, las usan para cobrar una renta o alquiler, las tienen deshabitadas o las utilizan como casa de fin de semana en algún sitio turístico, como la quebrada.
Lo había expresado el presidente del IVUJ, Walter Morales, hace una semana en Radio 2, y lo ratificó esta mañana, escoltado por integrantes de su directorio, en un desayuno de trabajo al que fueron invitados periodistas de diferentes medios de Jujuy.
El organismo aseguró que existe en proceso de elaboración un borrador del proyecto final, que será remitido a la legislatura cuando inicie el período de sesiones ordinarias.
Mientras, habrá medidas que serán tomadas por medio de resoluciones.
Todos los propietarios que sean identificados con tenencia irregular serán intimados a regular la situación, y se designará una comisión de trabajo en forma conjunta con fiscalía de estado para acelerar los procedimientos judiciales en los casos extremos.
Morales volvió a poner como ejemplo la situación de un inquilino que denunció al “propietario”, que en realidad era el adjudicatario de una vivienda social, ya que no abonaba las cuotas al estado pero percibía una renta al alquilar la casa.
Antes que el IVUJ pudiera recuperar la vivienda, la justicia ordenó el desalojo del inquilino, pues existía entre ellos un contrato, según el relato de Morales.
La ley, además, estaría orientada a lograr mayor efectividad en el cobro de las cuotas que cada adjudicatario debe pagar por su vivienda. “Las casas no son gratis”, insisten en el organismo.
En efecto, según Morales, el costo total de una vivienda, con las condiciones de infraestructura que demanda el lote que la contiene, supera el millón y medio de pesos.
De esa cantidad, el 33% está a cargo de la provincia, mientras que el 77% restante lo debe aportar la nación.