Grieta en el gobierno por la crisis de La Esperanza
El ingenio La Esperanza sigue siendo un dolor de cabeza heredado pero no resuelto para el actual gobierno de la provincia.
Desde el comienzo del siglo XXI, la empresa situada en el departamento San Pedro, se declaró en quiebra y fue sostenida con fondos públicos para no dejar un tendal de trabajadores en la calle.
Esta situación se mantiene hasta la actualidad. La gestión encabezada por Gerardo Morales se propuso devolverla al sector privado, como una empresa que genera recursos para mantenerse por sí misma.
El encargado de llevar adelante la operación fue el ministro de desarrollo económico, Juan Carlos Abud Robles, sobre quien llueven las críticas, internas y externas.
Mientras el sindicato que representa a los trabajadores del ingenio La Esperanza repite hasta el cansancio que Robles asume compromisos que luego no respeta, el “fuego amigo” es igual o más intenso.
La principal crítica de sus compañeros de gabinete es la llamativa desprolijidad en el proceso de venta de la empresa, y el empecinamiento en cerrar un trato con la sospechada empresa colombiana, Omega Energy, quien hasta hace poco no podía demostrar su existencia como empresa constituida en el país y su solvencia financiera.
En medio de oferentes reconocidos por su experiencia en el rubro azucarero, el gobierno, con Robles a la cabeza, se empeñó entregarle la fábrica sanpedreña al grupo colombiano, en una venta que involucra 85 millones de dólares.
Pero los problemas legales la extravagante operación comercial han impedido cerrar el asunto, extendiendo un proceso que ya lleva más de dos años.
Mientras, son las arcas del gobierno provincial las que soportan la demora, financiando una y otra vez los costos de mantener en funcionamiento el ingenio azucarero. Sólo desde la intervención de Robles a la fecha, el gobierno habría destinado cerca de 1.000 millones de pesos a sostener el ingenio.
El malestar dentro de Casa de Gobierno por la indefinición es creciente. Le achacan al ministro Robles la falta de transparencia con la que manejó el arribo del grupo inversor colombiano, y le endilgan el costo político que pagó el propio gobernador al sentarse en conferencia de prensa para anunciar una venta que luego fue frenada por la justicia.
Fuentes con acceso directo al edificio de San Martín 450 aseguran que durante el fin de semana hubo un fuerte cruce puertas adentro del ministerio de hacienda.
La última exigencia del cuestionado ministro, la de soportar parte de las indemnizaciones de los trabajadores que permanecerán en el ingenio pero deberán iniciar una relación laboral nueva, tendrá que ser soportada por el tesoro de la provincia.
Esto generó un profundo malestar en los integrantes del gabinete, que ven cómo se les empieza a exigir austeridad y recortar gastos, mientras la sangría en la cartera manejada por Robles parece imparable.
En el medio, el gobernador intenta que la sangre no llegue al río, y sostiene al ministro, pese a que conoce los desmanejos de todo lo que rodea al ingenio La Esperanza. El resto de los ministros se pregunta hasta cuándo.