La Quiaca: acusan a una psiquiatra de vender licencias "truchas"
El jefe del departamento de personal del municipio acusó a una profesional por entregar certificados a cambio de 600 pesos por “padecimientos psicológicos”; ante las sospechas, dos empleadas simularon una consulta y grabaron la situación.
“Busquen un abogado, junten los certificados que yo les doy, y armen una causa”, se escucha recomendar a una psiquiatra frente a dos empleadas que, simulando una consulta, grabaron una conversación en la que la profesional extiende una licencia por 30 días para faltar al trabajo.
El encuentro dura 10 minutos, tras los cuáles la profesional otorga el certificado por “padecimientos psicológicos”.
Tiempo atrás el director de recursos humanos de La Quiaca, Josué Aquino, había advertido de la situación, ya que sospechaba de la legitimidad de ciertos certificados médicos que eran presentados por un mismo grupo de empleados municipales, en tiempos pos-electorales, bajo una misma patología. La certificación siempre llevaba la misma firma.
En esos días se advertía desde el municipio que contratarían a una empresa de médicos laboralistas, para verificar la validez de aquellos certificados, ya que el municipio posee antecedentes donde la junta médica solicitada determinó ausencia de tal patología, lo que obligó de inmediato a uno de los empleados a reintegrarse.
Según la denuncia del jefe de recursos humanos quiaqueño, en el grupo de empleados mencionados había un candidato a concejal, quien incurría en esta metodología, cuando en tiempos electorales se desempeñaba con absoluta normalidad.
Ante la sospecha, dos empleadas municipales de La Quiaca concurrieron al consultorio señalado para solicitar los certificados en cuestión, mientras grababan la situación.
En el registro de voz se puede inferir que, sin evaluar la situación de las mujeres, la psiquiatra extendió un certificado médico por 30 días. “Es absolutamente inválido, por carecer de rigor profesional”, aseguran los voceros del funcionario quiaqueño, que hicieron llegar el material a los medios de comunicación.
“La psiquiatra escribió de puño en el recetario los nombres de los mismos, dando indicaciones verbales sobre la ubicación de los estudios jurídicos, sugiriendo su recomendación, dado que ella suele derivar pacientes a los mismos”, agregan, con la grabación en su poder.
El “servicio” habría tenido un costo de $600, con la posibilidad de extender la certificación a cambio de $200 más, según las protagonistas del episodio.
“Hay una industria del juicio laboral contra el estado en Jujuy, mecanismo que afecta al municipio en especial, una mafia que procedía criminalmente contra las arcas de la comuna”, aseguró posteriormente el intendente de la ciudad, Miguel Tito, quien dijo que elevará las pruebas en contra de la profesional a la justicia penal.
Prueba. El certificado (ilegible) que habría expedido la profesional, según la denuncia de las empleadas.