Avances contra la reglamentación de la ley acceso a la información pública

La acción judicial promovida ante el Superior Tribunal de Justicia, ya tiene presidente de trámite y recayó en la Jueza María Silvia Bernal que accedió al expediente por sorteo y luego de que el Dr. Del Campo se excusar de intervenir por razones de “Decoro y delicadeza”.

Bernal notificaría en las próximas horas al gobierno de la provincia sobre la acción firmada por Mario Fiad, Alejandra Martínez, Ramiro Tizón, María Inés Zigarán, Pablo Baca, Carlos Oehler, y Santiago Tizón, donde se plantea que el nuevo decreto que reglamenta la ley de Acceso a la Información Pública, es inconstitucional y restrictivo de los derechos de los ciudadanos.

El Poder Ejecutivo de la Provincia,  tiene un plazo de 15 días hábiles, desde el momento que recibe la notificación,  para responder a través de Fiscalía de Estado y manifestarse ante este pedido de inconstitucionalidad del Decreto.

“Se tiene que pagar unos aportes para poder notificar al Poder ejecutivo y ver que responde el Fiscal de Estado frente este planteo de inconstitucionalidad. Puede allanarse y reconocer que este es un decreto adolece de inconstitucionalidad o puede sostener que este decreto avanza en la transparencia, como salieron a decir” afirmó Gronda.

Reconoció que en este caso, “son cuestiones de puro derecho, no se abre a prueba porque está todo en el Decreto y antecedentes que se presentaron. Después que conteste el fiscal de estado, va a pasar al Fiscal General del ST para que emita su opinión, y de allí pasar a fallo para que el Tribunal se expida sobre la inconstitucionalidad de la norma”.

El letrado también destacó que se tendría un trámite rápido y dar una posible solución, “porque entendemos que se está mermando los derechos de cualquier persona que pueda acceder a la información que mantenga el estado y por lo tanto debería darle solución lo más rápido posible”.

En el trámite judicial, son muchos artículos que se objetan, “tienen que ver básicamente con la restricción que hace el estado, para poder acceder. Sobre todo si uno es funcionario público o diputado y tiene otros mecanismos para poder acceder a la información, no va a poder utilizar la ley de acceso a la información pública, y es claramente inconstitucional, porque la Corte Suprema en el Fallo Oehler, expresamente la Corte Suprema dice que porque alguien que es diputado no va a poder usar la ley” afirmó al respecto.