Impunidad: 30 policías para evitar una multa de tránsito a un funcionario judicial
El último martes, , el Pro Secretario Técnico de la Fiscalía N°1, Guillermo Miguel Beller, usó a las fuerzas policiales para evitar pagar una multa que se le había realizado a un vehículo particular, que conducía una mujer identificada como María Elsa Fermi.
Por este motivo, y en una actitud agresiva y apelando a su condición de funcionario judicial, montó un operativo policial para tratar de detener a un inspector de tránsito municipal que le había hecho la multa por mal estacionamiento con posterior remolque del vehículo infractor.
El hecho fue calificado por el SEOM como "repudiable y canallesca impunidad"; la entidad sindical analiza denunciar al deshonesto funcionario de la Justicia provincial.
Los hechos
En la jornada del martes alrededor de las 17, el inspector de tránsito municipal Daniel Cordero, con 25 años de servicio, realizaba su trabajo en la zona de la avenida 19 de Abril, a la altura de calle Sarmiento. Sobre la transitada avenida, se encontraba estacionado del lado derecho, un vehículo Chevrolet Meriva, color gris, chapa patente JYP 453, en flagrante infracción, ya que se estaba detenido en zona de parada de colectivos urbanos.
Luego de varios minutos de espera, el inspector procedió a hacer lo que corresponde: la multa, con llamado a la grúa para el remolque del rodado.. Instantes después de que el auto había sido remolcado, apareció la conductora, identificada como María Elsa Fermi, quien llamó a su marido, un hombre que posteriormente sería identificado como Guillermo Miguel Beller.
La infracción ya se había sustanciado cuando Beller, mediante presiones y malos tratos, exigió que le restituyan el auto a su mujer, argumentando que él trabaja en el Poder Judicial de la Provincia como ayudante de Fiscalía.
El inspector respondió que el vehículo no contaba con ninguna identificación oficial y que por eso se presumía que era de uso particular, por lo cual correspondía multarlo. Lejos de actuar con la prudencia del caso y tratar de resolver la situación por los canales administrativos y legales correspondientes, Beller "hizo gala" de su mala educación y de un manejo impune: amenazó al trabajador con enviarle la policía para detenerlo por supuesto “desacato a la autoridad”.
Al ver que el inspector y su jefe de turno no se doblegarían ante este evidente ultraje de quien posee un cargo judicial para demandar privilegios, Beller cumplió su amenaza: realizó una llamada telefónica y en minutos aparecieron unos treinta efectivos de la policía, entre ellos la Infantería, armados con itacas, cascos, palos y escudos.
Hasta eso, ya se había juntado un grupo de personas que fueron testigos del descomunal despliegue policial y que empezaron a dar su apoyo a viva voz al inspector y a repudiar a Beller por usar su cargo para exigir un trato diferenciado, mientras intentaba amedrentar al inspector con la policía.
Alertados por radio, un grupo de inspectores de tránsito se apersonaron en el lugar para dar apoyo a su compañero, quien a esa altura se encontraba aferrado a un vallado, tratando de que la policía no se lo llevara. Tras algunos forcejeos, los policías no cumplieron con la orden de de Beller de llevar detenido al inspector.
“Me trataron como un asaltante. Daba la impresión que este muchacho no quería pagar la multa. Porque todo el tiempo estuvo llamando por teléfono a un supuesto fiscal o juez, para que le liberen el auto. Lo que me da bronca es que ahora puede venir cualquier funcionario judicial y va a llamar a un juez para que detengan a cualquiera porque a él se le da la gana. Yo creo que ante la Constitución somos todos iguales y tenemos los mismos derechos. No porque alguien sea funcionario puede hacer lo que quiera con la gente humilde como cualquier trabajador estatal”, dijo Cordero, una vez que regresó a la Dirección de Tránsito.
Sobre esta situación, el secretario de Organización del SEOM, Alberto Arias, dijo: "Nosotros teníamos entendido que los fiscales están para investigar las cosas que están mal en la ciudad. Por ejemplo, si hay venta de droga, hay que investigar. Si hay trata de personas, hay que investigar. Pero ser ayudante de fiscal para beneficio propio, no está bien”, sostuvo.