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Continúa el escándalo en Salta: más de 50 funcionarios inscriptos para cobrar el IFE

Se trata de un delito de fraude a la administración pública en el que están implicados "concejales de todos los partidos políticos"
  • La Justicia inició en las últimas horas una investigación para determinar si funcionarios públicos de esa provincia accedieron al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), destinado a ayudar a los más vulnerables durante la cuarentena.
  • El IFE de $10.000 fue dispuesto por Gobierno Nacional para trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías como ayuda para afrontar la crisis económica producto de la pandemia de coronavirus.
  • Abel Díaz, director del diario digital DNISALTA.com, habló con Antena2 98.1

El escándalo por el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia por parte de al menos 52 concejales de distintos municipios salteños llegó a órbitas nacionales. Conocido el listado de los funcionarios públicos que habrían accedido a esta ayuda social implementada desde el Gobierno Nacional, hablamos con Abel Díaz director del diario digital DNISALTA.com.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que la fiscal penal, Verónica Simesen de Bielke, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos en feria, dispuso la apertura de una investigación para determinar si los funcionarios públicos accedieron al IFE.

"Salta siempre es noticia nacional, y pocas veces lo fuimos por cosas buenas. Arrancamos el año con muertes de niños y niñas que fallecieron en el norte provincial por falta de comida, por desnutrición. También somos noticias de manera constante por la gran cantidad de pobres e indigentes que tenemos en nuestra población. De hecho, más de 300 mil salteños intentaron recibir el beneficio del Ingreso Familiar de Emergencia. Muchos quedaron afuera." comienza contando Diaz.

Provincia llena de belleza y uno de los destinos turísticos por excelencia en el país, Salta fue protagonista otra vez pero no por buenas noticias:

" fuimos noticia por otro hecho repudiable, escandaloso, vergonzoso por funcionarios públicos que quisieron cobrar el IFE, esta ayuda de 10 mil pesos que otorgó y seguirá dispensando el Gobierno nacional en tiempos de emergencia y pandemia por los tiempos más difíciles para el país y para la provincia, y que estaban destinados para vos. Algunos realizaron las gestiones para acceder a un beneficio que no les corresponda, y en algunos casos lograron acceder con éxito." se lamenta Abel Diaz.

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Con este nuevo escándalo quedó en claro que estos funcionarios no dejan escapar ni una mínima ventaja y se aprovechan del lugar que ocupan, lugar estratégico, clave, protagónico... de poder. Lugares donde el ciudadano los puso con su voto de confianza en las últimas elecciones, a algunos por primera vez, y a otros, que vienen de hace tiempo, los ratificó.

" Me llama la atención, con mucho dolor, que un concejal de Rivadavia, de ese lugar donde esos pobladores no pudieron acceder a este beneficio por distintos motivos -carecen de celular, de Internet, están incomunicados o ni siquiera se enteran de estos beneficios porque no llega absolutamente nada-, haya gestionado el IFE. Estamos hablando de uno de los lugares más inhóspitos de la geografía salteña, donde esos funcionarios municipales, provinciales o nacionales, que deberían estar presentes en los lugares con mayor pobreza estructural, para avisarles y facilitar esa ayuda nacional que les corresponde, no estuvieron presentes. Por ende, esa gente se quedó sin nada. Per sí se vio a un concejal de allí queriendo cobrar. " comparte muy compungido el periodista.

En los últimos días , la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos en feria, Verónica Simesen de Bielke, dispuso la apertura de una causa de oficio para determinar si los hechos denunciados a través de publicaciones periodísticas tienen características ilícitas.

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52 concejales, un diputado y un intendente de distintos partidos políticos y de 32 municipios se anotaron al IFE, aunque no todos cobraron los 10 mil pesos.

La información salió a la luz a partir del cruce de datos entre los números de documentos de los beneficiarios y el registro de Anses, y por la curiosidad de algunos periodistas que habían oído que "X" funcionario habría cobrado el beneficio.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, la fiscal abrió la causa que se basa en el artículo 241 del Código Procesal Penal, el que establece que "conocida la noticia críminis, recibida la denuncia o iniciadas las actuaciones de prevención, la o el Fiscal practicará una averiguación preliminar para determinar las circunstancias del hecho".

Recordemos que el ingreso de Emergencia está destinado a trabajadores formales, informales y monotributistas, entre 18 y 65 años, que tuvieron problemas de empleo por el coronavirus y la consiguiente cuarentena obligatoria iniciada en marzo. Los empleados estatales quedan excluidos.

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Como toda medida de carácter excepcional, y según el Ministerio Público Fiscal salteño, para el acceso al mismo, se establecieron requisitos tales como contar con foto del documento nacional de identidad, datos de contacto (correo electrónico); CUIL y Clave de la Seguridad Social y recién a partir de allí, una vez reunidos tales requisitos, se podía ingresar a la solicitud del beneficio. Unos 9 millones de personas cobran el IFE en todo el país.

En Salta, son 322.416 los beneficiarios, aproximadamente un 25% de la población total de la provincia.

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