El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) definió que las audiencias del juicio por la causa Hotesur-Los Sauces serán presenciales y se realizarán tres veces por semana. La decisión implica que Cristina Kirchner deberá asistir a Comodoro Py durante el debate oral en el que también serán juzgados Máximo Kirchner, Lázaro Báez y el resto de los acusados.
Causa Hotesur: las audiencias serán presenciales y Cristina Kirchner deberá ir a Comodoro Py
El juicio tendrá tres jornadas por semana, más de 40 imputados y entre 200 y 300 testigos. Entre los acusados también están Máximo Kirchner y Lázaro Báez.
La modalidad fue establecida hoy durante la audiencia preliminar convocada para organizar el juicio. El proceso tendrá más de 40 imputados y se prevé que declaren entre 200 y 300 testigos, por lo que el cronograma tendrá una frecuencia de tres jornadas semanales.
El juicio estará a cargo de los jueces José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni. El expediente investiga presuntas maniobras de lavado de dinero, asociación ilícita y dádivas vinculadas con las empresas Hotesur y Los Sauces, pertenecientes a la familia Kirchner.
La investigación apunta a determinar si operaciones comerciales realizadas entre esas sociedades y empresas vinculadas a Lázaro Báez y al Grupo Indalo, de Cristóbal López, fueron utilizadas para canalizar fondos de origen ilícito.
Entre los principales acusados se encuentran Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Báez y Víctor Manzanares, histórico contador de la familia Kirchner. También están imputados empresarios, exdirectivos, profesionales y personas vinculadas con las sociedades investigadas.
Florencia Kirchner, en cambio, no llegará a juicio. La Cámara Federal de Casación Penal resolvió en 2023 mantener su sobreseimiento al considerar que era menor de edad cuando comenzó la estructura que es objeto de la investigación.
La definición sobre la modalidad de las audiencias se produjo después de que el expediente atravesara demoras vinculadas con una pericia contable considerada relevante para avanzar hacia el debate oral.
El TOF 5 había desplazado a uno de los peritos que intervenía en ese estudio luego de reiteradas intimaciones que no habían sido respondidas. En su lugar fueron designados especialistas de la Corte Suprema para completar el análisis.
La medida había sido solicitada por las defensas de Cristina Kirchner y Báez y se concentra, entre otros aspectos, en la operatoria de la inmobiliaria Los Sauces y en los contratos vinculados con las sociedades investigadas.
El peritaje debe comparar contratos celebrados para la explotación de establecimientos de la familia Kirchner y analizar si los montos pactados se correspondían con las condiciones del mercado. También incluye información sobre cantidad y ocupación de habitaciones, tarifas, servicios facturados, personal, temporadas y principales clientes.
Además, el estudio alcanza los balances correspondientes al período 2009-2013 y busca establecer la evolución de las utilidades y disponibilidades de las empresas, así como determinar si los resultados registrados eran compatibles con la actividad desarrollada.
La acusación sostiene que empresas vinculadas a Báez y López realizaron pagos a las sociedades hoteleras e inmobiliarias de los Kirchner y que esas operaciones habrían funcionado como una pantalla para introducir en el circuito legal fondos provenientes de actividades ilícitas.
Según la fiscalía, Báez pagó más de $27 millones entre 2009 y 2013 mediante Valle Mitre por la explotación de hoteles, entre ellos el Alto Calafate. A eso se sumaron otros $11 millones provenientes de empresas del Grupo Austral, en operaciones que incluyeron habitaciones que, de acuerdo con la acusación, no fueron ocupadas.
El expediente también contempla la imputación por dádivas a partir de las relaciones comerciales entre Cristina Kirchner, mientras ejercía funciones públicas, y contratistas del Estado.
La causa está vinculada con el caso Vialidad, en el que Cristina Kirchner y Lázaro Báez fueron condenados. Hotesur-Los Sauces analiza el circuito comercial y financiero entre las empresas de la familia Kirchner y compañías relacionadas con empresarios que tuvieron contratos con el Estado.
Entre las pruebas incorporadas al expediente aparecen pedidos de información bancaria sobre movimientos de fondos, datos de empresas transportadoras de caudales y registros vinculados con consumos y pagos de servicios e impuestos de establecimientos hoteleros de El Calafate.