Cristian Boglione, presidente de la Cámara de Hoteles, Restaurantes y Afines de Jujuy, expresó su preocupación durante su participación en Todo Turismo (Radio 2) cuando fue consultado por el rol que adopta el órgano fiscalizador dependiente del Ministerio de Turismo provincial.
“El problema de los alojamientos informales es algo que venimos señalando desde hace tiempo. Es una cuestión que debe ser abordada con decisión política, involucrando a todos los municipios y organismos pertinentes”, afirmó Boglione, quien destacó que plataformas como Airbnb cuentan con datos detallados sobre los establecimientos no registrados, información que podría ser utilizada para realizar un control más eficiente.
El referente reveló cifras que evidencian un aumento exponencial de la oferta ilegal, utilizando la mencionada base de datos “en septiembre de 2020 había 720 alojamientos informales en Jujuy. Para septiembre de 2024, esa cifra ascendió a 1.236. Es un fenómeno que crece sin control y representa una pérdida de recaudación significativa para los gobiernos nacional, provincial y municipal”, explicó.
Según estimaciones, este tipo de alojamientos genera ingresos anuales de aproximadamente 4.900 millones de pesos en la provincia, ingresos que no tributan ni cumplen con los estándares de regulación.
Competencia desleal y riesgos de seguridad
Para los establecimientos formales, competir contra sus pares apócrifos es un desafío casi imposible, toda vez que no pagan impuestos provinciales, habilitaciones, permisos, entre otras tasas y cánones municipales, lo que permite ofrecer un precio más bajo.
Aunque como ya se ha visto en la tragedia de Humahuaca, ocurrida en octubre de 2022 cuando una pareja fue hallada sin vida en una habitación residencial no registrada debido a una intoxicación por monóxido de carbono, existen riesgos mucho más grandes que el perjuicio económico. Un costo político que ningún gobierno que se precie de buen gestor estaría dispuesto a pagar.
Siguiendo esa línea de pensamiento, Boglione manifestó su apoyo a iniciativas como la creación de una nueva Ley de Alojamientos que incorpore estándares mínimos para formalizar este tipo de actividades. Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de aliviar la carga burocrática y tributaria para los empresarios del sector formal. “No solo se trata de incorporar a los informales al sistema, sino también de flexibilizar los requisitos para los formales. Hoy la presión tributaria y los trámites necesarios hacen que competir sea insostenible”, concluyó en sintonía con los pedidos que ha realizado todo el sector de las pequeñas y medianas empresas locales.
