Histórico fallo: condenan al Estado jujeño a pagar $100 millones por la muerte de una policía
El Tribunal del Trabajo ordenó la indemnización para la familia de Mayra Tolaba. La Justicia destrozó el argumento oficial que intentaba culpar a la víctima y sentó un precedente clave sobre la desprotección del personal en el interior.
- Fallo histórico: Condenan al Estado de Jujuy a pagar 100 millones de pesos por la muerte de la policía Mayra Tolaba.
- Condiciones laborales: La Justicia determinó que el accidente vial no se vinculó a las obligaciones de la agente, desvirtuando el argumento oficial.
- Precedente: Se sienta un precedente sobre la desprotección y condiciones de seguridad del personal policial en el interior de la provincia.
Un fallo judicial sin precedentes sacude al Estado provincial y pone bajo la lupa las condiciones de seguridad en las que prestan servicio los efectivos de la fuerza.
La Sala II del Tribunal del Trabajo dictó una sentencia favorable para la familia de Mayra Tolaba, la joven agente de la Policía de Jujuy que falleció tras un trágico siniestro vial. Con esta resolución, la provincia deberá pagar una indemnización de 100 millones de pesos, marcando un antes y un después en la defensa de los derechos laborales públicos.
El caso, caratulado “Tolaba, Abdón y Valdez, Ana c/ Estado Provincial – Policía de la Provincia de Jujuy”, representa un rotundo triunfo para la querella liderada por el abogado Carlos Sebastián Espada, quien logró revertir la estrategia oficial.
El fallo fue notificado el pasado 18 de junio y, aunque aún no se encuentra firme, logró desvirtuar la posición del Ejecutivo, que intentaba sostener que el accidente no guardaba relación con las obligaciones de la agente e incluso buscó trasladar la culpa a la propia víctima.
La investigación desnudó la cruda realidad y el vacío de infraestructura que viven los uniformados en el interior. El hecho se originó durante la madrugada del 4 de noviembre de 2022.
Tolaba había sido convocada a cumplir un recargo de servicio en la localidad de Santa Clara. Al finalizar sus tareas obligatorias a altas horas de la noche, la joven se encontró con la inexistencia de transporte público a esa hora, lo que la obligó a improvisar un regreso en etapas hacia su hogar en La Mendieta.
La reconstrucción determinó que un móvil policial la trasladó inicialmente hasta la zona del puente San Pedro. Desde ese punto, ante la falta de alternativas, continuó el trayecto en una motocicleta conducida por su primo.
Fue al circular por la Ruta provincial Nº 56 donde el rodado derrapó, provocando que la joven sufriera gravísimas lesiones. Tras permanecer internada en estado crítico en terapia intensiva, falleció horas después debido a la severidad del impacto.
Para los magistrados, la utilización de distintos medios de traslado no interrumpió el nexo causal protegido por la ley, sino que fue una consecuencia directa de haber quedado varada por razones laborales.
El fallo es contundente al señalar que el Estado no puede desentenderse de la seguridad de su personal una vez terminado el turno, máxime cuando las condiciones logísticas obligan a los efectivos a arriesgarse en las rutas para volver a sus hogares. La resolución judicial significa, además de un impacto económico, una reivindicación moral para una familia que debió soportar años de silencios y acusaciones.