"En el día de hoy, nosotros desde APUAP estamos participando de la jornada nacional de lucha que ha sido en su momento decretada por la CTA autónoma con varios motivos que la fundamentan", sostuvo el médico.
APUAP en contra de la judicialización de la protesta
En el marco de la reunión de delegados, el secretario general de APUAP, Víctor Aramayo, criticó la misma y pidió la derogación de la Ley Antiterrorista.
En ese sentido, señaló que uno de los fundamentos es el no a la judicialización de la protesta social o gremial.
"Casualmente hoy se conocerá el fallo que va a recaer sobre 17 compañeros de ATE de Tierra del Fuego que hace dos años y un poco más en una protesta que realizaron por sus reivindicaciones, ocuparon la casa de gobierno en forma pacífica en Tierra del Fuego hasta que se le diera respuesta a su reclamos. Seguramente se los va a condenar y esto es lo que estamos reclamando los trabajadores en Argentina", apuntó.
"En este caso nos sumamos nosotros a este reclamo de derogación de la ley antiterrorista, que es la que posibilita que ocurran estas judicializaciones de las protestas de los distintos sectores", agregó.
Aramayo hizo alusión también a un caso local, el del dirigente de ATE Pablo Nina. "Lo está enviando a juicio precisamente por haber participado de una jornada de protesta hace dos años donde nosotros estábamos reclamando, nada más y nada menos, que actas firmadas por el gobierno que hasta ese momento . Para incriminarlo se utilizan 72 horas de grabaciones hechas por organismos de espionaje del estado, cosa que está prohibida", finalizó.
"Casualmente hoy se conocerá el fallo que va a recaer sobre 17 compañeros de ATE de Tierra del Fuego que hace dos años y un poco más en una protesta que realizaron por sus reivindicaciones, ocuparon la casa de gobierno en forma pacífica en Tierra del Fuego hasta que se le diera respuesta a su reclamos. Seguramente se los va a condenar y esto es lo que estamos reclamando los trabajadores en Argentina", apuntó.
"En este caso nos sumamos nosotros a este reclamo de derogación de la ley antiterrorista, que es la que posibilita que ocurran estas judicializaciones de las protestas de los distintos sectores", agregó.
Aramayo hizo alusión también a un caso local, el del dirigente de ATE Pablo Nina. "Lo está enviando a juicio precisamente por haber participado de una jornada de protesta hace dos años donde nosotros estábamos reclamando, nada más y nada menos, que actas firmadas por el gobierno que hasta ese momento . Para incriminarlo se utilizan 72 horas de grabaciones hechas por organismos de espionaje del estado, cosa que está prohibida", finalizó.