La insólita condena a los que pidieron ayuda alimentaria al gobierno
- Condenaron 3 meses de trabajo comunitario y multas de 90 mil pesos a referentes de comedores que marcharon pidiendo ayuda al gobierno.
- Sin resolver el problema de fondo, la Justicia Contravencional, integrada por funcionarios reciclados del gobierno de turno, terminó obligándolos a pagar de sus bolsillos la asistencia que debería brindar el Ministerio de Desarrollo Humano.
En diciembre las organizaciones que integran la UTEP, la Corriente Casista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita, el Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki, Somos Barrios de Pie, el Movimiento popular la Dignidad, el Movimiento MTE, el Movimiento Nacional Campesino indígena (MNCI), el Frente Popular Darío Santillán, la Federación Nacional Campesina, el Movimiento de Acción Popular, determinaron una jornada de medidas de fuerza ante la falta de asistencia del Estado y el retraso de tres meses para pagar a aquellos comedores presupuestados.
En ese marco se realizaron cortes de puentes desde la mañana hasta la tarde en los accesos a la ciudad. El 15 de diciembre pasado marcharon bajo el lema “Por una Navidad Sin Hambre", columna que recorrió las calles de la ciudad.
El gobierno contestó entonces con multas por infringir las medidas sanitarias usando para eso el Código Contravencional pero la Justicia Contravencional es un órgano del Estado provincial, no del Poder Judicial.
En las últimas horas, la Justicia Contravencional condenó a 12 referentes a 3 meses de trabajo comunitario y multas de 90 mil pesos que, supuestamente, serán destinadas a asistir a los comedores.
Un fallo que, a las claras, deja en evidencia la criminalización de la protesta en Jujuy y las absurdas decisiones de órganos que no tienen independencia alguna del gobierno: Obligar a los que realizan tareas comunitarias a realizar tareas comunitarias y a pagar multas para asistir a los más carenciados cuando es el propio gobierno el que incumple con ese deber que debería ser prioridad.
“Estamos en el mundo del revés”, expresó José Surita del Movimiento Evita, quien señaló que llevan un año pidiendo, sin éxito, audiencias con la titular de Desarrollo Humano Natalia Sarapura.
“Hoy nos condenaron en un juicio express, a realizar tareas de desmalezamiento, tareas que ya veníamos haciendo. Nos da mucha bronca porque estamos en una provincia donde llega mucho dinero y nos obligan a nosotros a pagar multas para los merenderos”, agregó.
Y sostuvo: “Hay que ver si esa plata va realmente a los merenderos o los merenderos fantasmas de Sarapura”.
Surita aclaró que apelarán el fallo y que volverán a reclamar.
“Vamos a estar en la calle, a partir de este momento le decimos basta. El gobernador es el que está incitando a que la gente salga a la calle”, concluyó.