El Gobierno reunió a la mesa política para profundizar la ofensiva por Malvinas
Con la presencia de Carlos Presti y Pablo Quirno, la reunión incluyó avances del proyecto de soberanía nacional, nuevas sanciones a empresas que operan en las islas y la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.
La Mesa Política del Gobierno volvió a reunirse este martes en la Casa Rosada, con las Islas Malvinas como uno de los principales temas de discusión. El encuentro comenzó a las 13 y estuvo encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con la presencia del canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti.
La incorporación de ambos funcionarios al espacio responde a la necesidad de avanzar en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y coordinar las distintas medidas que el presidente Javier Milei anunció durante su discurso por cadena nacional.
Según informó el Gobierno, durante la reunión se repasaron distintos temas de gestión y la agenda legislativa, mientras que Quirno y Presti detallaron los avances del proyecto que será presentado la próxima semana en la Cámara de Diputados. La iniciativa buscará "profundizar y endurecer las sanciones" contra las empresas que realicen negocios en las Islas Malvinas, entre otros puntos.
El encuentro tiene lugar luego de un fin de semana en el que el Ejecutivo comenzó a traducir los anuncios presidenciales en acciones concretas. Entre ellas, se destacó el avance sobre empresas relacionadas con la explotación de hidrocarburos en las islas, además de las primeras reacciones de compañías internacionales de servicios petroleros y el respaldo expresado por empresarios argentinos.
Las nuevas sanciones a empresas que operan en Malvinas
El Gobierno dio uno de sus primeros pasos con el Decreto 868/2026, publicado después de la cadena nacional, mediante el cual reglamentó y reforzó el régimen de sanciones contemplado en la Ley 26.659 para las compañías que realicen actividades hidrocarburíferas en Malvinas sin autorización argentina.
A partir de esa normativa, la Cancillería quedó designada como autoridad de aplicación y se estableció un mecanismo para investigar y eventualmente sancionar a quienes incumplan la legislación. Además, las empresas que pretendan obtener determinados permisos o concesiones petroleras, o acceder a beneficios del RIGI, deberán demostrar que cumplen con las normas argentinas sobre actividades hidrocarburíferas en el área en disputa.
El nuevo esquema ya comenzó a implementarse. Según informaron fuentes oficiales, la Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas que el Gobierno señala por realizar actividades relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las islas sin autorización argentina.
Ahora, el Ejecutivo adelantó que durante las próximas horas serán sancionadas nuevas empresas internacionales que operan en las islas sin autorización. La medida se sumará a las primeras 45 compañías y personas que fueron notificadas durante el último fin de semana.
En paralelo, el Ejecutivo avanzó con una instancia judicial. El canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, presentó una denuncia penal contra Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates y Eco Atlantic Oil & Gas.
La presentación también contempla a los directivos que eventualmente hayan participado en las actividades cuestionadas por el Gobierno, en el marco de la ofensiva oficial para impedir la explotación de recursos naturales en el área cuya soberanía reclama la Argentina.