El Gobierno relativiza el reclamo de Cristina Kirchner ante la ONU

El Gobierno le baja el tono a la presentación de Cristina Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por su condena en la causa Vialidad y analiza el efecto que puede tener sobre la estrategia electoral de La Libertad Avanza. En el Ejecutivo descartan impulsar gestiones internacionales para responder al planteo y aseguran que no prevén nuevas declaraciones institucionales por el momento.

“Es libre de hacer lo que crea que tiene que hacer”, expresan en Nación. En la Casa Rosada sostienen que Cristina Kirchner está habilitada para recurrir a los mecanismos internacionales que considere correspondientes y que el Estado responderá únicamente si el organismo de la ONU formula un requerimiento dentro del procedimiento previsto.

La postura oficial es no intervenir anticipadamente en foros internacionales ni desplegar una estrategia diplomática contra el reclamo. En Balcarce 50 remarcan que no existe una instrucción para que Cancillería realice presentaciones por fuera del expediente ni para que los funcionarios conviertan el caso en un nuevo eje de la comunicación cotidiana.

La única definición pública oficial fue la del canciller Pablo Quirno, que vinculó además el movimiento de la expresidenta con la discusión electoral dentro del peronismo. “Ha sido juzgada y condenada. Hay un armado en el que, mientras ellos no definen candidatos, quieren volver al poder para seguir haciendo lo que hicieron y, encima, indultar a Cristina”, sostuvo en declaraciones a Radio Mitre.

En el Ejecutivo sostienen que esas declaraciones expresan una posición política, pero no anticipan una ofensiva institucional contra el trámite ante la ONU. El Gobierno prefiere esperar a que el Comité determine si la comunicación es admisible y, eventualmente, solicite al Estado argentino información sobre el proceso judicial.

Cristina Kirchner presentó una comunicación individual en la que cuestiona la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Su defensa sostiene que el proceso vulneró garantías contempladas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que la sentencia busca excluirla de la competencia política.

El planteo incluye pedidos vinculados con la suspensión de la inhabilitación a ejecer cargos públicos, las condiciones de la prisión domiciliaria y la integración de la Corte Suprema. El Comité, sin embargo, no funciona como una instancia judicial superior capaz de anular directamente una sentencia dictada por los tribunales argentinos.

El organismo puede evaluar si el Estado incumplió compromisos internacionales, requerir una respuesta y emitir observaciones o recomendaciones. En la Casa Rosada remarcan que el proceso puede extenderse durante años y que una eventual resolución favorable a la expresidenta no dejaría automáticamente sin efecto su condena.

En Nación tampoco asignan una relevancia especial a la incorporación del abogado brasileño Rafael Valim, que integró la defensa internacional de Luiz Inácio Lula da Silva en la causa Lava Jato. Consultados sobre ese punto, sostienen que no “repararon” en su contratación y descartan por ahora interpretarla como un movimiento coordinado con el gobierno brasileño.

Valim comparó ambos expedientes y señaló similitudes en la elección del Comité de Derechos Humanos de la ONU. En 2022, ese organismo concluyó que se habían vulnerado garantías de Lula, aunque la anulación de sus condenas no fue dispuesta por Naciones Unidas, sino por el Supremo Tribunal Federal de Brasil.

Más allá de la dimensión jurídica, la mesa política sigue el impacto que la presentación puede tener dentro de la oposición. En distintos despachos reconocen que una mayor centralidad de Cristina Kirchner podría facilitar la estrategia de polarización que el oficialismo prepara para la campaña presidencial de 2027.

“Gran candidata”, expresan en Nación. La definición no implica que el Gobierno considere actualmente viable una postulación formal de la expresidenta, que se encuentra inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos. Refleja, en cambio, la conveniencia política que le asignan a que conserve protagonismo en el armado opositor.

En la Casa Rosada consideran que Milei obtiene mejores condiciones para ordenar su discurso cuando puede contrastar directamente su programa con el kirchnerismo. En ese esquema, el oficialismo buscará confrontar la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y las reformas económicas con el déficit, la emisión monetaria, la corrupción y la intervención estatal que atribuye a las gestiones anteriores.

La evaluación interna es que Cristina Kirchner todavía conserva capacidad para condicionar las candidaturas, el armado territorial y el tono del peronismo. Su centralidad, según la lectura oficial, podría dificultar la aparición de una oferta opositora renovada y limitar el crecimiento de figuras que intenten ocupar una posición más moderada.

La Casa Rosada evita expresar públicamente una preferencia sobre las candidaturas de la oposición. La instrucción es concentrar la comunicación en las reformas del segundo semestre, los indicadores económicos y la agenda de seguridad, sin sobredimensionar una presentación que todavía atraviesa su etapa inicial ante la ONU.