El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad luego de que un fallo judicial ordenara su aplicación inmediata. La decisión quedó plasmada en el Decreto 84/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, que establece los lineamientos del nuevo esquema de pensiones no contributivas por discapacidad.
El Gobierno reglamentó la ley de Emergencia Nacional en Discapacidad
La medida fue oficializada por decreto y fija el nuevo régimen de pensiones no contributivas. En paralelo, el Ejecutivo nombró a Alejandro Vilches al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que pasa a depender del Ministerio de Salud.
La norma, firmada por Javier Milei, responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que en diciembre de 2025 declaró inválida la suspensión de la ley y fijó como plazo máximo el 4 de febrero para su implementación plena.
Cómo se originó el conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso
El conflicto se originó cuando el Poder Ejecutivo intentó frenar la entrada en vigencia de la ley -sancionada por el Congreso en septiembre de 2025- mediante un veto basado en la falta de recursos presupuestarios. Sin embargo, la Cámara de Diputados insistió con la promulgación, que se concretó aunque luego quedó suspendida su aplicación a la espera de que se definiera la fuente de financiamiento.
La disputa escaló a la Justicia tras un amparo colectivo presentado en representación de dos menores. El magistrado de Campana hizo lugar al planteo, dejó sin efecto la suspensión y ordenó la aplicación inmediata de la Ley Nº 27.793. Si bien el Ministerio de Salud y otras áreas oficiales apelaron el fallo alegando dificultades presupuestarias, el juez otorgó un plazo máximo de 30 días para dictar la reglamentación.
Qué establece el nuevo decreto sobre las pensiones por discapacidad
La reglamentación se publicó sobre el límite del vencimiento y define los requisitos de acceso, los criterios de evaluación socioeconómica y las incompatibilidades del nuevo régimen de pensiones. El decreto sostiene que la implementación requiere procedimientos formales y controles específicos, cuya ejecución queda bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Discapacidad, ahora dependiente del Ministerio de Salud.
La normativa también obliga a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar los parámetros de evaluación y a presentar un plan de auditorías periódicas en un plazo de 30 días. Además, establece mecanismos de articulación con organismos estatales y de la sociedad civil, como el Observatorio de la Discapacidad y el Comité Asesor, con el objetivo de garantizar participación federal.