La detención de dirigentes sociales suma críticas desde distintos puntos del país que miran con reparo el proceder de la justicia jujeña y la permanente subordinación de esta a los designios del gobierno provincial.
Desde organismos de Derechos Humanos a nivel nacional afirman que la detención es ilegal y que la propia justicia está violando derechos constitucionales en un acto de sumisión al Ejecutivo provincial.
La extensión de la privación de la libertad de los dos dirigentes sociales Sebastián Copello y Juan Chorolque motivó que se definiera una marcha de repudio a casa de gobierno.
La orden del Ejecutivo fue instalar cordones policiales en los alrededores de plaza Belgrano, por lo que la presencia de uniformados en la zona se incrementó considerablemente.
