El Gobierno envió al Congreso el proyecto de la "Ley Hojarasca"
La iniciativa enviada al Congreso busca depurar el sistema legal, derogar leyes sin vigencia práctica y avanzar en la desburocratización como parte de la agenda de Milei.
El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de la denominada “Ley Hojarasca”, una iniciativa que busca eliminar normas consideradas obsoletas, sin aplicación práctica o incompatibles con la Constitución. El objetivo es simplificar el sistema legal, reducir la acumulación normativa y limitar lo que el oficialismo define como exceso de intervención estatal.
La propuesta no es nueva: ya había sido presentada en 2024 bajo el nombre de ley de Derogación de Legislación Obsoleta, cuando el Poder Ejecutivo planteó dejar sin efecto decenas de normas desactualizadas o superadas por leyes posteriores. En ese momento, se contemplaba la derogación total de 63 leyes y la modificación de otras, aunque la iniciativa perdió impulso con el tiempo y nunca llegó a debatirse en comisiones.
El proyecto propone una depuración del digesto jurídico a partir de distintos grupos de normas. Incluye leyes que, según el oficialismo, quedaron superadas por legislaciones posteriores, otras que resultan obsoletas frente a avances tecnológicos o cambios productivos, y también disposiciones vinculadas a organismos ya disueltos o procesos que nunca se concretaron.
Entre los ejemplos señalados por el Ejecutivo aparecen normas que van desde una ley del siglo XIX sobre carbón mineral hasta regulaciones sobre microfilmación, televisión en color o regímenes administrativos ligados a entidades inexistentes. El argumento oficial sostiene que mantener este tipo de normas aumenta la complejidad de un sistema jurídico ya sobrecargado.
Otro eje del proyecto apunta a leyes que, de acuerdo con el Gobierno, afectan libertades individuales o responden a lógicas de control incompatibles con el sistema democrático actual. Allí se incluyen disposiciones que penalizan conductas vinculadas al Estado, regulan reuniones privadas, contenidos culturales y hasta exigencias de circulación consideradas anacrónicas.
También se contemplan artículos que reflejan paradigmas sanitarios obsoletos. Como ejemplo, se menciona la normativa que habilita la internación obligatoria de personas con lepra, cuestionada por el Ejecutivo por entender que vulnera derechos fundamentales.
Desde la Casa Rosada presentan la iniciativa como parte de una reforma más amplia del Estado, bajo la idea de que el derecho no debe operar como una herramienta de restricciones innecesarias, sino como una garantía de libertades. En ese marco, la llamada “ley Hojarasca” se inscribe en la política de desregulación, desburocratización y reducción del aparato estatal impulsada por la gestión de Javier Milei.
Además, el proyecto pone el foco en normas que imponen trámites considerados innecesarios o sostienen estructuras administrativas sin función real, con el objetivo de simplificar tanto la actividad económica como la relación cotidiana entre ciudadanos y Estado.
“La 'Ley de Hojarasca' se inscribe en un proceso más amplio de transformación del Estado, orientado a dejar atrás un modelo basado en la acumulación normativa, la sobrerregulación y la intervención discrecional, para avanzar hacia un esquema centrado en la libertad individual, la responsabilidad personal y la eficiencia en el uso de los recursos públicos”, concluyeron.