El Gobierno descarta reabrir el debate por la Ley del aborto, pese al mensaje del Papa

El Gobierno descarta reabrir el debate por la derogación del aborto legal y decidió mantener ese debate fuera de la reforma del Código Penal que enviará al Congreso antes de fin de año. En la Casa Rosada sostienen que reabrir la discusión tendría un costo electoral para La Libertad Avanza y que la prioridad es avanzar con el endurecimiento de penas y las nuevas figuras delictivas, pese a los cuestionamientos que Javier Milei mantiene contra la ley vigente y al mensaje que el papa León XIV pronunció durante su visita a la Argentina.

En sectores del Ejecutivo aseguran que la decisión responde tanto a una evaluación política como a la estrategia legislativa. Consideran que existe un consenso social que hace inconveniente volver a discutir la interrupción voluntaria del embarazo en este momento y advierten que incorporar ese capítulo podría perjudicar las perspectivas electorales del oficialismo para 2027. La definición no implica que Milei haya modificado su posición personal sobre el aborto, sino que el Gobierno no quiere convertirla en una iniciativa parlamentaria.

La cuestión fue analizada durante las discusiones sobre el alcance de la reforma penal. Según explican funcionarios que participan de las conversaciones, el aborto quedó excluido desde las primeras definiciones del proyecto porque el Ejecutivo prefiere concentrar el debate en la seguridad y el aumento de las penas. La decisión también influyó en el formato elegido: impulsar modificaciones al Código vigente, en lugar de avanzar ahora con una sustitución integral que obligaría a revisar expresamente el tratamiento penal de la interrupción del embarazo.

Esa distinción tiene consecuencias jurídicas. La Ley 27.610 no se limita a reconocer el acceso al aborto, sino que también modificó el Código Penal para adecuar sus disposiciones al nuevo régimen. En el Gobierno consideran que presentar una reforma integral abriría la discusión sobre si conservar o cambiar esos artículos, incluso aunque la intención inicial fuera abordar otros delitos. Por eso, buscan acotar el alcance de la iniciativa y evitar una controversia que podría desplazar el eje de seguridad.

La decisión se mantiene después de las declaraciones de León XIV del domingo en el Palacio Libertad. Ante Milei, ministros, legisladores, gobernadores y representantes de distintos sectores de la sociedad, el pontífice pidió reconocer la dignidad de quienes todavía no nacieron y sostuvo que la vida debe ser acogida desde sus primeros instantes y protegida hasta su término natural. El mensaje se inscribió en la posición histórica de la Iglesia católica y no incluyó un pedido explícito para modificar la legislación argentina.

En Balcarce 50 evitan interpretar esas palabras como una exigencia dirigida al Presidente. Funcionarios consultados sostienen que el Papa expresó una posición doctrinaria que ya conocían y esperaban, por lo que no consideran necesario responder ni anunciar cambios. La evaluación oficial es que León XIV abordó una agenda amplia sobre dignidad humana, trabajo, pobreza, discapacidad, educación y responsabilidades públicas, sin formular un cuestionamiento específico contra la administración libertaria.

El discurso también incluyó un llamado a reconocer los límites del poder, cuidar las instituciones y buscar acuerdos con quienes piensan diferente. El Gobierno recibió esos planteos sin modificar, por ahora, sus prioridades legislativas. La intención es separar la agenda pastoral del pontífice de las decisiones concretas del Ejecutivo, aunque distintos sectores políticos busquen trasladar sus mensajes al debate parlamentario.

La posición oficial contrasta con las declaraciones que Milei realizó el 20 de agosto durante el Council of the Americas. En esa oportunidad, el Presidente vinculó la legalización del aborto con la caída de los nacimientos y cuestionó a los sectores que promovieron la sanción de la ley. “Estamos pagando muy cara la locura de los pañuelitos verdes”, afirmó al relacionar la evolución demográfica con las perspectivas de crecimiento económico y la sostenibilidad del sistema previsional.

Los datos oficiales muestran, sin embargo, que la caída de los nacimientos comenzó varios años antes de la legalización del aborto. Según la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS), en 2014 se registraron 777.012 nacidos vivos y en 2020 la cifra ya había descendido a 533.299, una reducción del 31,4%. La tendencia continuó después: en 2024 hubo 413.135 nacimientos y, según los resultados parciales difundidos por el Ministerio de Salud el 4 de noviembre, en 2025 se registraron 401.245.

La discusión volvió a adquirir relevancia por las declaraciones de Victoria Villarruel después del primer discurso del Papa en la Argentina. La vicepresidenta cuestionó que el Gobierno no haya impulsado la derogación de la ley. También defendió el concepto de justicia social incluido en la doctrina de la Iglesia, en un nuevo gesto de diferenciación respecto de las posiciones que mantiene el Presidente.

La legislación vigente garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive. Después de ese plazo, permite la práctica cuando el embarazo es resultado de una violación o cuando está en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante. Cualquier modificación sustancial de ese régimen requeriría una intervención legislativa; la reforma penal que proyecta el Gobierno no altera por sí misma esos derechos mientras no cambie las disposiciones correspondientes.

En paralelo, el Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques y la Secretaría Legal y Técnica de María Ibarzabal Murphy continúan negociando la extensión y el contenido definitivo de la reforma del Código Penal. En el Ejecutivo reconocen que todavía existen diferencias técnicas sobre el alcance de los cambios, pero aseguran que las conversaciones mejoraron y mantienen la intención de cerrar el texto para enviarlo al Congreso antes de que termine 2026.

La iniciativa apunta a endurecer penas y revisar figuras vinculadas con robos, entraderas, salideras, delitos contra menores, narcotráfico y distintas modalidades de fraude. También están bajo análisis modificaciones sobre legítima defensa y prescripción. El objetivo político es que el debate parlamentario quede asociado a la seguridad, uno de los ejes que La Libertad Avanza pretende sostener durante la campaña presidencial de 2027, y no a una nueva discusión sobre derechos reproductivos.

El calendario legislativo representa otro condicionante. El Gobierno busca avanzar con el Presupuesto 2027 y otros proyectos antes del cierre del período ordinario, previsto para el 30 de noviembre, y mantiene bajo evaluación una prórroga durante diciembre. La reforma penal todavía necesita una redacción definitiva y un acuerdo interno, por lo que su envío antes de fin de año no garantiza que el Congreso pueda iniciar de inmediato un tratamiento de fondo.