La administración británica de las Islas Malvinas prorrogó por cinco años todas las licencias vigentes para actividades petroleras offshore, tras la ofensiva del Gobierno argentino para sancionar a las compañías que operan en la zona sin autorización de la Argentina. El anuncio conocido este lunes cuenta con el respaldo del Reino Unido.
El gobierno británico prorrogó por 5 años las licencias a las petroleras que operan en Malvinas
La decisión alcanza a todos los permisos offshore vigentes y llega en plena ofensiva de la Casa Rosada contra las compañías que operan en el Atlántico Sur.
Los permisos podrán incluso ampliarse por otros dos años más si las empresas cumplen con los programas de trabajo previstos, según informó este lunes la agencia EFE. La decisión busca dar continuidad a los proyectos de exploración y explotación que avanzan en las aguas que rodean al archipiélago y que la Argentina reclama como parte de su plataforma continental.
“Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas. Son recursos nuestros que debemos desarrollar”, afirmó Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa kelper y responsable de las áreas de Comercio, Industria y Recursos Minerales, citado por la agencia de noticias internacional.
La medida profundiza la disputa con la Casa Rosada, que este mes avanzó con denuncias penales y procedimientos administrativos contra petroleras, accionistas y empresas vinculadas con las operaciones en las Islas Malvinas. Uno de los principales focos de la estrategia argentina es Sea Lion, el proyecto que encabezan la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.
El avance de Sea Lion y las empresas alcanzadas
Sea Lion se encuentra en la cuenca norte de Malvinas, a unos 220 kilómetros del archipiélago. Navitas posee el 65% de participación y Rockhopper, el 35%. Las compañías tomaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión y proyectan comenzar la extracción de petróleo en marzo de 2028.
La jueza federal de Río Grande Mariel Borruto dictó la semana pasada una medida cautelar que ordena a Navitas y Rockhopper abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras necesarias para poner en marcha Sea Lion. La resolución surgió de una presentación de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y del Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata.
Además de Navitas y Rockhopper, poseen permisos exploratorios en la zona las británicas Borders & Southern y Desire Petroleum Limited y la canadiense JHI.
Este lunes, la administración isleña también autorizó que una subsidiaria de Navitas adquiera el 65% del bloque PL001, ubicado junto al proyecto Sea Lion. La operación surge de un acuerdo que Navitas Petroleum Atlantic Limited firmó en febrero con JHI Associates. Según el comunicado difundido en las islas, “se espera que esta medida acelere la evaluación y el desarrollo” de ese bloque.
La disputa por la explotación petrolera
La decisión de Londres se conoció después de que el Gobierno argentino intensificara durante las últimas semanas las medidas contra compañías vinculadas con la explotación de hidrocarburos en Malvinas. La Casa Rosada advirtió que son ilegales las licencias otorgadas por la administración kelper y que las actividades requieren de autorización argentina.
El Reino Unido rechazó esa posición y respaldó los permisos concedidos. Londres sostiene que la Argentina no tiene jurisdicción para aplicar su legislación sobre las empresas que operan en el archipiélago y reivindica el derecho de los isleños a administrar sus recursos naturales.
La Argentina, en cambio, invoca entre sus argumentos la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes de la disputa a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras continúa pendiente una solución sobre la soberanía.