A raíz de la extensión de la privación de la libertad de los dos dirigentes, Juan Chorolque y Sebastián Copello, organizaciones sociales volvieron a marchar por las calles céntricas denunciando que la justicia local responde a las órdenes del mandatario Gerardo Morales.
En ese sentido, a través de referentes de organizaciones nacionales de Derechos Humanos, denunciaron que las detenciones son ilegales y violan el derecho constitucional a la protesta.
Con motivo del reclamo, desde temprano, el gobierno reforzó considerablemente la presencia de efectivos policiales en la zona.
La movilización de manifestantes generó problemas para circular en las calles céntricas.
"Morales nos tiene acostumbrados a judicializar la protesta. Mañana van a ser los estatales o cualquiera que lleve adelante una protesta", reclamó el diputado nacional Alejandro Vilca presente en la marcha.
