Autoridad del CELS dio por tierra las denuncias del gobierno de violencia y daños

• Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales denunció que todo lo expresado y realizado por el gobierno desde el 16 de junio es incorrecto o ilegal.
• Criticó el accionar de la Policía, el Ejecutivo y la Justicia en la provincia y dijo que se intenta criminalizar la protesta.

Desde los hechos ocurridos en Purmamarca hasta el intento de incendio de la Legislatura que provocó enfrentamientos entre la policía y manifestantes surgieron distintas voces que piden la renuncia del gobernador Gerardo Morales y la derogación de la reforma parcial de la Constitución de Jujuy.

Entre esas voces destacan las de organizaciones sociales y comunidades aborígenes que continúan cortando rutas y caminos tanto nacionales como provinciales en Jujuy.

En las últimas horas, sindicatos jujeños expresaron tener pruebas de que la nueva Constitución de Jujuy es nula, y muchos sectores protestaron por la intención del gobierno de castigar a quienes continúen realizando el tipo de protestas callejeras mencionado anteriormente.

Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) vino a Jujuy a criticar y dar por tierra con cada expresión, acusación y señalamiento del gobierno al respecto de lo ocurrido desde el 16 de junio, refiriéndose inicialmente al intento de incendiar la Legislatura, comentando que “llama la atención y preocupa (las expresiones del gobierno) por cuatro razones que demuestran lo ilícito de lo que manifestaron en la conferencia. La primera: establecieron que existe un gran paraguas para investigar hechos del 16, 17 y 20 de manera conjunta como si fuera una única unidad, pero omiten la necesidad de investigar la actuación de las fuerzas policiales”.

“También hubo una amenaza del gobierno a través del uso del sistema penal y dijeron que pedirán penas de cárcel, prisión preventiva, embargos, medidas que no son resortes suyos. No pueden actuar así, tienen que aportar información, lograr que la Justicia investigue. Pero lo más grave es que agregaron que también había un sistema contravencional, que por los mismos hechos perseguiría a las personas, generarían cuestiones de privación de la libertad pero también sanciones, multas y decomisos. Y no solo a personas sino organizaciones sociales y sindicales. Un mismo hecho investigado por la Justicia será investigado por el Poder Ejecutivo y se aplicarán multas económicas muy importantes”.

“Vimos denuncias o contravenciones que aplican sanciones de $ 5.000.000. Esto daña la posibilidad del desarrollo de la vida o reproducción de la vida de personas que serán investigadas y sancionadas. El Ministro dijo: “las personas serán sancionadas” como reafirmando una potestad que debiera ser de un juez contravencional pero esos jueces son parte del Poder Ejecutivo provincial”.

“La tercera cuestión es que no hay ningún tipo de auto crítica o necesidad de controlar el ejercicio de las fuerzas policiales. Venimos reclamando algún tipo de respuesta sobre la violencia que se sucedió el 16 y el 17”.

“Por último, ningún tipo de autocrítica o atribución de responsabilidad acerca de cómo fue el proceso constitucional. No sé si recuerdan pero lo que dijo el Ministro es que fue un proceso excelente pero eso no es consistente con lo que reclaman las organizaciones sociales. Si vemos el tiempo, se conoció el texto que se aprobaría el 14 de junio, cuando se organizaron protestas y se aprobó el texto conocido dos días antes, cuando la convención se convocó para trabajar durante 90 días. Algo que tenía que durar tres meses duró tres semanas, y el texto en sí se conoció un día antes de ser aprobado”.

“Esos puntos dan cuenta de las irregularidades que no se mencionaron en la conferencia de prensa. Desde el 20 de junio hasta hoy hay situaciones alarmantes y preocupantes con relación a cómo se está criminalizando la protesta, a través de estos mecanismos”.