Antes de conocer las ofertas, el Gobierno extendió el plazo para la privatización de Aysa
La licitación estaba prevista para este jueves, pero el Gobierno extendió el plazo a partir de pedidos de varios potenciales oferentes. Desde la empresa confirmaron a Ámbito que se analiza una nueva fecha para la presentación de propuestas.
El Gobierno prorrogó la apertura de ofertas de la licitación para avanzar con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), prevista para este jueves. La posibilidad de extender el plazo surgió a partir de pedidos realizados por varios potenciales oferentes, que solicitaron más tiempo para completar la documentación requerida.
Desde AySA confirmaron a Ámbito que fueron varios los interesados que plantearon la necesidad de contar con más tiempo para preparar sus propuestas. Por el momento, no está definida oficialmente una nueva fecha para la apertura de las ofertas.
La extensión del cronograma apunta a favorecer una mayor participación en la licitación y permitir que las empresas interesadas completen los requisitos establecidos para competir por el control de la compañía.
Qué incluye la privatización de AySA
El esquema diseñado por el Gobierno contempla que el 90% del paquete accionario quede bajo control privado, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores.
La primera etapa comprende la concesión del 51% de las acciones que actualmente están en poder del Estado. En una segunda instancia, está previsto realizar una oferta pública inicial para colocar otro 39% de las acciones en la Bolsa.
El Ejecutivo aprobó a fines de abril los contratos de concesión y transferencia de acciones. La concesión tendrá una duración de 30 años, con la posibilidad de extenderla por otros 10. Durante ese período, AySA conservará la explotación exclusiva del servicio dentro del área regulada.
El marco tarifario que regirá desde 2027
En la antesala de la licitación, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) aprobó el Plan de Acción del Primer Ciclo Tarifario de AySA para el período 2027-2031.
La Resolución 30, publicada en el Boletín Oficial, establece los compromisos, inversiones, metas operativas y criterios tarifarios que regirán durante los próximos cinco años. La aprobación del plan es, según la normativa, una condición necesaria para garantizar la continuidad y regularidad del servicio público desde el 1° de enero de 2027.
Uno de los principales puntos es el esquema de tarifas. El ERAS estableció que el nivel tarifario vigente a la fecha de corte, con un coeficiente K real de 1.877,6167, se mantendrá constante en términos reales durante todo el Primer Ciclo Tarifario.
De esta manera, no se proyectan nuevos aumentos reales entre 2027 y 2031. Las actualizaciones podrán acompañar la evolución de los precios contemplada por el esquema regulatorio, pero sin incrementos adicionales en términos reales.
El organismo también fijó la Base de Activos Regulatorios (BAR) inicial en $790.074,6 millones, valor que representa la infraestructura e instalaciones utilizadas por AySA para prestar el servicio y que funciona como referencia para establecer las inversiones reconocidas y la rentabilidad regulada.