Interpelación a Posadas: la Fiscalía evaluará si investiga irregularidades en Turismo
Tras la sesión especial en la Legislatura, el vicegobernador Alberto Bernis anunció el envío de la versión taquigráfica a la Justicia. Buscarán determinar si existió malversación de fondos.
- Fiscalía de turno: Evaluará si inicia una investigación de oficio por presuntas irregularidades en el Ministerio de Turismo.
- Motivo de la investigación: Denuncias de malversación de fondos en la gestión de Federico Posadas.
- Próximo paso: La versión taquigráfica de la sesión legislativa será remitida a la Justicia para su análisis.
Tras la intensa sesión especial de interpelación al ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, el debate legislativo dará el salto a la órbita judicial.
El vicegobernador Alberto Bernis confirmó que la versión taquigráfica de la jornada será remitida formalmente a la Fiscalía de turno para que analice los descargos y determine si corresponde iniciar una investigación de oficio.
La medida abre una nueva etapa institucional, en la que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) deberá auditar las declaraciones y los documentos presentados en el recinto para verificar la existencia de eventuales inconsistencias o presuntos delitos en el ejercicio de la función pública.
Bajo la lupa por presunta malversación
El foco del pedido opositor y del posterior giro a la Justicia reside en denuncias de presunta administración fraudulenta y malversación de fondos. Entre los puntos más cuestionados se encuentran las métricas y la rendición de cuentas del reciente recital de La Renga, los procedimientos de contratación de servicios y la adjudicación de concesiones en el Cabildo de Jujuy y el Centro Cultural Lola Mora.
Durante el contrapunto en el recinto, los legisladores exigieron mayores precisiones sobre las contrataciones oficiales y el impacto real de los eventos financiados con fondos del Estado provincial.
Paso de la discusión política al fuero penal
Con la remisión de las actas a las autoridades judiciales, el cuerpo legislativo habilita las vías institucionales para deslindar responsabilidades. Corresponderá ahora a los fiscales determinar si los hechos expuestos en la Cámara poseen entidad penal para sustentar una causa formal o si la actuación del funcionario se encuadró dentro de los marcos legales vigentes.