“No es nuevo, pero es una muestra más de cómo el poder avanza sobre el pueblo de Perico.” Así describió la concejal Anahí Juárez la situación que atraviesa la familia Ibáñez, asentada hace generaciones en la zona de Hornillos, dentro de Finca El Pongo. A través de un extenso testimonio, la edil denunció un operativo de desalojo “ilegal, violento y sin orden judicial clara” ejecutado por fuerzas policiales que, según afirmó, no pudieron identificarse ni brindar información sobre su accionar.
"El Estado actúa como usurpador": fuerte denuncia por el intento de desalojo en Finca El Pongo
Anahí Juárez, concejal de Perico, advirtió que hay un operativo de desalojo ilegal contra una familia que habita la zona hace más de un siglo. Denunció connivencia entre el gobierno provincial, la justicia y el municipio, y cuestionó la falta de respuestas sobre el destino de las tierras.
Durante el operativo, según relató Juárez, más de 100 efectivos fueron desplegados para presionar a unas 14 personas, en su mayoría mujeres con niños. “Hay un desentendimiento absoluto por parte del intendente Ficoseco, y una complicidad directa entre el poder político, la policía y una justicia subordinada”, sostuvo la concejal, que se presentó personalmente en el lugar, donde también fue maltratada por efectivos.
La situación se agrava aún más por el contexto: sin orden judicial visible, en plena feria judicial, con topadoras listas para avanzar y con la familia Ibáñez resistiendo en condiciones precarias, incluso sin acceso a servicios básicos. “Este gobierno ve el conflicto como una batalla, no como algo que se resuelve con diálogo. La justicia debería proteger, pero en cambio imputó hasta a un menor de 12 años de la familia”, denunció.
¿Qué se esconde detrás del avance sobre estas tierras?
Juárez fue clara al vincular el avance sobre la Finca El Pongo con negociados entre el gobierno provincial y empresas privadas. “Dicen que estas tierras son para el desarrollo, pero no hay nada para el pueblo. No hay hospital, no hay servicios, no hay rendición de cuentas. ¿Quiénes son las empresas que van a instalarse? ¿Dónde están los beneficios para Perico?”, se preguntó.
La edil también apuntó contra la administración del Pongo, a cargo del Ministerio de Producción provincial, y recordó que desde el Concejo Deliberante se ha solicitado reiteradamente información que nunca fue entregada. “La Carta Orgánica prevé una comisión fiscalizadora para controlar la administración de estas tierras, pero Morales la anuló y creó su propia comisión”, denunció.
Según Juárez, esta situación no es aislada: otras familias ya fueron expulsadas de las tierras. “Nos están sacando todo. Nos quitaron también la administración del parque industrial. Hoy el gobierno provincial decide sobre nuestras tierras sin consultar ni rendir cuentas”, subrayó.
Un intendente ausente y una ciudad olvidada
Pascual Ficoseco, intendente de Perico desde hace 24 años, también fue blanco de fuertes críticas por parte de Juárez. “Perico es una ciudad en abandono. Tenemos más de 85 barrios sin servicios básicos, sin agua ni cloacas. El intendente no gobierna para el pueblo, gobierna para sostenerse él y su familia en el poder”, acusó.
La edil cuestionó el silencio del jefe comunal ante el intento de desalojo y su cercanía con el gobierno provincial. “En vez de estar con la gente, pasea con el ministro de producción mirando tierras. Se olvida que él es periqueño. ¿Por qué no va y se sienta con la familia a escuchar?”, se preguntó.
Un final incierto
La concejal fue contundente sobre lo que podría venir. “Esto puede terminar mal. La justicia no protege, la policía responde al poder, y las topadoras están listas. Estamos ante un Estado que actúa como usurpador. La situación es insostenible”, concluyó.
En medio de la tensión, las familias permanecen en las tierras, encadenadas a los alambrados, resistiendo como pueden. “Perico tiene que ser la familia Ibáñez. Esto es un botón de muestra de todo lo que hay detrás. No podemos seguir mirando para otro lado”, cerró Juárez.