Imputarán a funcionarios por la muerte de Alexis
Lo resolvió el fiscal Lozano, quien considera que hubo “irresponsabilidad” y “mala práxis administrativa” en el Ministerio de Desarrollo Humano, que habría omitido sus obligaciones desprotegiendo al menor.
La fiscalía de investigación penal N°4, a cargo de Aldo Lozano, imputará en las próximas horas a dos funcionarios del ministerio de desarrollo humano y a seis policías, quienes habrían cometido el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en el caso que culminó con la muerte de Alexis Mamaní, el niño de tres años asesinado el 20 de marzo.
Las imputaciones corresponderán a dos vías de investigación distintas.
En el caso de los funcionarios, cuyos nombres no se darán a conocer hasta que se los notifique formalmente, el fiscal considera que hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público por omisión.
Tras haber analizado la información contenida en el expediente, Lozano consideró que hubo mala práxis administrativa, a raíz de un desempeño deficiente por parte de los funcionarios de la secretaría de niñez, adolescencia y familia, dependiente del ministerio de desarrollo humano que conduce Ada Galfré.
Luego de repasar los antecedentes, realizando un recorrido desde el año 2017, el fiscal consideró que la secretaría competente contaba con información suficiente para intervenir con mayor eficacia en la situación de los menores Mamaní.
Si bien el fiscal aclara que en ningún caso se podría haber garantizado evitar el desenlace final, la actuación de los funcionarios deja muchas dudas y la presunción de “irresponsabilidad”.
“Consideré a través de la prueba pertinente que, a prima facie, hubo una deficiente asistencia y de contención con respecto a los niños Mamaní, porque había actuaciones en sede policial y la puesta en conocimiento a los organismos pertinentes de la situación de estos menores”, adelantó Lozano.
Durante el operativo realizado para recoger el cuerpo del menor, que había sido arrojado en el río Zapla, en la localidad de Palpalá, se registraron imágenes con teléfonos celulares que luego se viralizaron por diferentes redes sociales.
La indignación de la opinión pública derivó en una actuación de oficio por parte del fiscal.
Luego de analizar 36 teléfonos celulares, Lozano decidió la imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario público de seis de los uniformados que participaron de aquel procedimiento.
“Era un acto procesal que pertenecía a una causa penal, no puede un funcionario grabar o filmar un video, ni siquiera para él mismo porque se está violando la ley procesal penal de Jujuy, el levantamiento del cuerpo es una prueba, hacerlo público es un delito. El sólo hecho de filmar en forma privada es un delito. Lo puede hacer personal de criminalística con elementos oficiales. Quien lo hace fuera de ese procedimiento, está cometiendo un delito. No puede viralizarse una imagen de un hecho de gravedad”, remarcó el fiscal.
Las notificaciones serán cursadas formalmente en las próximas horas.