Federico Posadas quedó atrapado en medio de la feroz interna Morales-Sadir

Según las versiones que circulan en los ámbitos políticos, los movimientos de Posadas habrían llegado a oídos de Gerardo Morales, señalado como el principal articulador del poder dentro del oficialismo, quien habría impulsado la interpelación a través del vicegobernador para dejar en claro que las candidaturas y los cargos electivos siguen sujetos a su órbita de influencia.

La señal habría sido contundente, al punto de que ni el propio Sadir habría logrado frenar el interrogatorio a su ministro, exponiendo las limitaciones de su autoridad en medio de la disputa interna que atraviesa al gobierno.

Posadas terminó enfrentando una jornada incómoda, en la que debió defenderse como pudo y asumir el costo político de sentarse en el recinto legislativo. El episodio adquirió una relevancia particular por tratarse de un hecho inédito después de casi doce años sin que la Legislatura provincial interpelara a un funcionario. Sin embargo, más allá de las cuestiones administrativas y de las denuncias que motivaron la convocatoria, el trasfondo político quedó en el centro de la escena: la feroz interna entre Morales y Sadir, dos figuras del mismo espacio político que parecen disputar no solo el control de la gestión, sino también la potestad de decidir quiénes pueden proyectar su futuro dentro del oficialismo.

En ese contexto, la intervención de Posadas dejó una frase que merece atención: el ministro sostuvo que sería conveniente que todos los integrantes del Gabinete fueran sometidos a interpelaciones, una propuesta que puede leerse como un intento de correr el foco de su propia situación y, al mismo tiempo, poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿por qué algunos funcionarios deben rendir cuentas públicamente mientras otros parecen desenvolverse bajo un blindaje político que los mantiene al margen de cuestionamientos similares?

La discusión, por lo tanto, excede la responsabilidad individual del ministro y abre interrogantes sobre los criterios con los que se ejerce el control legislativo dentro de la propia estructura de poder.

Sobre el cierre de la sesión, el vicegobernador Alberto Bernis, quien presidió el debate, adelantó que la versión taquigráfica sería remitida a la fiscalía para que se evalúen las denuncias por presunta administración fraudulenta y malversación de fondos, y se determine si corresponde iniciar una investigación de oficio.

Esa decisión abre una nueva instancia que deberá transitar los canales institucionales correspondientes, con independencia de las interpretaciones políticas que rodearon la interpelación. Las denuncias deberán ser analizadas sobre la base de los elementos disponibles y no de las necesidades o conveniencias de ninguna facción.

Pero en los pasillos de la política jujeña, el episodio ya alimenta una lectura mucho más áspera. “Te usan y después te abandonan como perro”, comentó un viejo militante radical alejado de la actual gestión, en una frase que resume el sentimiento de quienes interpretan que, dentro del oficialismo, las lealtades tienen fecha de vencimiento y la protección política depende de la utilidad de cada funcionario para quienes concentran el poder.

Si esa lectura se confirma, la interpelación a Posadas podría convertirse en algo más que un episodio parlamentario: sería una advertencia para todo aquel que pretenda construir un camino propio sin contar con el aval de los sectores que históricamente han manejado las decisiones.

Ahora, el caso se traslada también al terreno judicial, donde el procurador Alejandro Bosatti deberá evaluar los pasos que correspondan en un escenario atravesado por la tensión entre Sadir y Morales. La cuestión central será determinar si las denuncias cuentan con fundamentos suficientes para avanzar, evitando que la Justicia quede atrapada en la lógica de una disputa partidaria; porque si las instituciones se convierten en herramientas de presión dentro de una interna, el problema deja de ser exclusivamente el futuro político de un ministro y pasa a comprometer la credibilidad de todo el sistema.

Entonces la pregunta sería: ¿estamos frente a una pulseada de poder en la que la rendición de cuentas aparece, convenientemente, cuando alguien amenaza con salirse del libreto?