"Estafan al vecino y lo hacen cómplice del delito": apuntan a EJESA y SUSEPU por la evasión del IVA

Las repercusiones por la denuncia penal tributaria presentada ante la Justicia Federal contra la empresa distribuidora de energía eléctrica EJESA continuaron escalando en el ámbito político provincial. Tras las advertencias del diputado Juan Soler y el anuncio de la asociación CODECUC de evaluar su rol como querellante, una nueva voz del espacio político local salió a cuestionar con dureza la operatoria de la compañía y el rol de los organismos de fiscalización del Estado.

La concejal e ingeniera Dolly Cespedes (La Libertad Avanza – Libertador General San Martín) analizó en Sobremesa los pormenores del expediente judicial que investiga la presunta evasión agravada de IVA y la apropiación indebida de tributos a los combustibles por más de $6.650 millones, advirtiendo que la masa de usuarios ha quedado desprotegida frente a un sistema sin controles eficaces.

“Lo más grave es que nuevamente el usuario termina siendo el perjudicado. La gente no entiende lo que paga, recibe facturas con montos cada vez más altos y ahora la situación se agrava al quedar expuesta de manera forzosa como responsable de una evasión fiscal generada por la falta de controles”, aseveró Cespedes.

Aumentos sin audiencia pública y la opacidad del FOPEJ

Uno de los ejes centrales analizados por la legisladora comunal fue el comportamiento del Fondo Provincial de la Energía de Jujuy (FOPEJ), concepto aplicado en las facturas para subsidiar el Sistema Aislado Provincial. La denuncia penal sostiene que sobre este cargo se omitió aplicar la alícuota del IVA y se cobraron tributos sobre volúmenes teóricos de combustible que nunca habrían sido adquiridos ni consumidos para la generación eléctrica.

Cespedes remarcó que los incrementos aprobados por la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU) alcanzaron porcentajes exorbitantes sin la debida instancia de participación ciudadana:

• Usuarios residenciales: El concepto FOPEJ registró subas que pasaron de $14,43 a $19,00 por kWh, representando un incremento acumulado del 3.162%.

• Usuarios no residenciales: El valor trepó de $19,41 a $22,00 por kWh, equivalente a un aumento del 131%.

“El FOPEJ recauda más de 1.000 millones de pesos mensuales a través de la boleta de luz. ¿Por qué estos aumentos se aprueban sin realizar una audiencia pública? ¿Por qué no hay transparencia en el gasto público de un cargo que pagamos todos los jujeños y que no se traduce en mejoras en el servicio?”, cuestionó la edil, recordando que ante eventos meteorológicos recientes miles de usuarios sufrieron cortes prolongados por la falta de inversiones en la red.

Cuestionamientos al modelo energético y llamados de auditoría

Durante el análisis del conflicto, Cespedes expandió la discusión hacia el funcionamiento integral del sistema energético jujeño, poniendo bajo la lupa el contraste entre los elevados costos tarifarios que soporta la población y los recursos generados por los parques solares de la provincia, como Cauchari y los emprendimientos distribuidos en la zona de Yungas.

En ese sentido, la concejal criticó que la energía producida localmente se derive prioritariamente al mercado mayorista (CAMMESA) en lugar de redundar en una rebaja directa para las industrias y los hogares jujeños. Asimismo, apuntó a la distorsión tributaria en las boletas, donde los impuestos y tasas municipales o provinciales llegan a representar cerca del 47% del valor total pagado por el usuario.

Finalmente, Céspedes respaldó los pedidos presentados en el ámbito legislativo para declarar la emergencia energética y frenar los cortes de servicio por falta de pago, al tiempo que remarcó la necesidad de someter la concesión de EJESA y la actuación de los funcionarios de la SUSEPU a una auditoría judicial e institucional independiente.