Escándalo de EJESA: CODECUC evalúa presentarse como querellante en la denuncia penal de los $6.600 millones

El escándalo por la presunta defraudación millonaria que involucra a la empresa distribuidora de energía eléctrica EJESA sumó un nuevo y determinante capítulo. Desde la entidad de defensa del consumidor CODECUC confirmaron que están evaluando su constitución formal como parte querellante en el expediente que tramita ante la Justicia Federal de Jujuy.

El referente de la asociación, Alejandro Mur, sostuvo que la gravedad de los hechos denunciados afecta de manera directa a la totalidad de la masa de usuarios de la provincia. La presentación judicial, impulsada originalmente por ciudadanos jujeños, investiga una presunta evasión agravada de IVA y la apropiación indebida de impuestos a los combustibles por una suma que supera los $6.650 millones.

“Estamos evaluando constituirnos como querellantes porque están en juego los derechos de la ciudadanía y existe un perjuicio directo sobre los usuarios. La maniobra denunciada coloca a los clientes, de manera forzosa, en la situación de ser evasores de un tributo nacional”, aseveró Mur.

Cargos desmedidos y consumo de combustible en duda

Durante la consulta técnica sobre los pormenores de la causa, el abogado analizó los dos ejes centrales del ardid contable denunciado. Por un lado, remarcó la omisión en la aplicación y declaración del IVA sobre el denominado cargo FOPEG desde mayo de 2024, un concepto utilizado para financiar el Sistema Aislado Provincial (SAP) que ha sufrido incrementos exponenciales.

“El cargo FOPEG ha tenido un aumento aproximado del 6.900% desde 2018 hasta hoy. Es un importe muy cuestionado porque se calcula sobre coeficientes poco claros y la información real sobre los costos del sistema nunca está disponible”, puntualizó el titular de CODECUC.

Por otra parte, Mur hizo foco en la presunta apropiación de tributos nacionales vinculados a insumos que jamás habrían sido utilizados: “Uno de los puntos más graves es que la tarifa se compone calculando el valor teórico de un volumen de gasoil que la empresa dice comprar, pero que en la realidad de los hechos no se habría consumido ni adquirido. Se recauda dinero de los impuestos ITC e ICO2 sobre un insumo inexistente y se lo introduce en el circuito comercial”.

Apertura a acciones colectivas y posibles responsabilidades

El referente de los consumidores advirtió que de confirmarse judicialmente las inconsistencias, el escenario derivará en reclamos civiles masivos por la devolución de los fondos cobrados de forma ilegítima. “Si se comprueba que se trasladaron costos por combustible que nunca existió, se abre la puerta para impulsar una acción colectiva de repetición o reintegro, sumado a los reclamos por daño punitivo”, explicó.

Asimismo, al ser consultado sobre el rol de las autoridades de aplicación y los organismos de control técnico en la provincia, el abogado dejó abierta la posibilidad de que las imputaciones penales alcancen a estamentos estatales si se comprueba la omisión en sus deberes de fiscalización.

“Si de la investigación penal resulta que hubo funcionarios públicos que avalaron mediante resoluciones esta operatoria o intencionalmente omitieron fiscalizar permitiendo la evasión, podrían quedar involucrados en delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento. La conducta ilícita se puede favorecer tanto por acción como por omisión”, sentenció Mur.