Elecciones: un guiño al adelantamiento
La fecha de elecciones 2019 en Jujuy sigue siendo una incógnita, pero hay cada vez más indicios de un adelantamiento en los comicios.
La principal hipótesis indica que el gobernador jujeño ya tiene decidido desdoblarlas. El razonamiento es el siguiente: la cantidad de votos que representa Jujuy como distrito es insignificante a la hora de pensar en sumarle votos al presidente en una elección, aunque la misma se torne reñida.
Para Morales es mucho más valioso mostrar un triunfo de Cambiemos que marque tendencia, algo que el gobierno da por descontado en la provincia de Jujuy.
“Nosotros ya veremos que hacemos acá”, señaló el mandatario provincial este jueves en San Pedro donde estuvo junto al ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio en una entrega de viviendas.
La medida es totalmente opuesta a la que tomó la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.
Así se confirmó esta semana cuando la mandataria compartía un acto con el presidente Mauricio Macri en Mar del Plata. Los principales motivos que anunciaron, por lo menos públicamente, estaban vinculados a "facilitarles la vida a los bonaerenses" y que no tuvieran que ir a votar en varias oportunidades.
“Respeto la decisión de la gobernadora, tiene sus pro y sus contras pero la apoyamos”, expresó sobre tal determinación el ministro Frigerio en su estadía en Jujuy.
Desde que se baraja la opción, la oposición ha expresado en reiteradas oportunidades que tal medida implica un gasto enorme para la provincia.
“Estamos hablando de un gasto aproximado de 140millones de pesos”, había expresado en su momento la diputada justicialista Alejandra Cejas.
Quien además señalaba que iban a presentar un proyecto de ley conjuntamente otros diputados de distinta bancada para que los comicios se lleven adelante conjuntamente y de manera simultánea con el cronograma nacional, ya que la provincia no estaba en condiciones y no podía darse el lujo de desdoblar las elecciones.
Eso no fue todo, sino que desde el peronismo indicaron que irán a la justicia si se llega a concretar tal eventualidad.
El argumento es netamente económico: no hay dinero (ni motivos más allá de los políticos) para afrontar semejante gasto, detallaba el diputado Alberto Matuk.