Empresarios bolicheros denuncian "asedio contravencional" en Jujuy

• Acoso contravencional: Empresarios de locales bailables denuncian operativos desmedidos y multas millonarias.
• Controles de menores: El sistema es superado por documentos falsos, generando actas costosas.
• Auge clandestino: La falta de diálogo y controles punitivos impulsan fiestas sin regulación.

El sector de locales bailables en la capital jujeña atraviesa un momento de alta tensión.

Tras el desarrollo de la última edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), referentes de la actividad manifestaron su profunda preocupación por lo que califican como un "acoso permanente" por parte del departamento contravencional, sumado a multas millonarias y una total falta de diálogo con las autoridades gubernamentales.

En diálogo con Radio 2, Daniel Toffoli, histórico empresario del rubro, detalló que el problema central radica en los controles de ingreso de menores de edad. Durante la FNE, la normativa permite el acceso a jóvenes de 16 y 17 años sin la habilitación para comprar bebidas alcohólicas. Sin embargo, debido a que los dueños de los boliches tienen prohibido solicitar documentos de identidad particulares, esta tarea queda exclusivamente a cargo del servicio de policía adicional contratado para tal fin.

El sistema de verificación —que incluye requisa y la aplicación oficial Gnosis— suele verse superado por menores que ingresan utilizando documentos falsos, apócrifos o pertenecientes a familiares mayores de edad.

"La policía muchas veces se ve superada y engañada por los chicos que entran con un documento falso, apócrifo o de sus hermanos mayores. Cuando esto ocurre, la policía que pide documentos es engañada y por lo tanto nosotros como empresarios también somos engañados", expuso.

Inspecciones prolongadas y multas millonarias

El malestar del sector escaló ante la modalidad de los operativos de control posterior. Según relató el referente nocturno, los inspectores contravencionales ingresan a los locales y despliegan operativos que pueden extenderse por más de dos horas revisando asistente por asistente hasta hallar alguna infracción.

Estas inspecciones derivan en actas contravencionales diarias que se traducen en sumas sumamente gravosas para los comerciantes, en un contexto económico de fuerte recesión. Las penalizaciones, calculadas a través de una tabla de unidades actualizables, parten desde el millón y medio de pesos hacia arriba.

"Cae contravencional, entra al boliche y busca, y busca, y busca, y busca... hasta que encuentran a alguno que es menor de edad y que mintió, que está con un documento falso y demás. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento? Nos hacen un acta contravencional que tenemos que pasar a pagar después por el juzgado; actas que son caras", relató Toffoli.

Falta de diálogo y el auge de la clandestinidad

Otro de los reclamos históricos expuestos es la marginación de los empresarios en la planificación de políticas turísticas y recreativas. Desde el sector aseguran que jamás han sido convocados por el Ministerio de Turismo, el Ente Autárquico Permanente ni por los cuerpos legislativos (Concejo Deliberante y Legislatura) para debatir una actualización de la legislación sobre nocturnidad o aportar propuestas que enriquezcan la oferta para los turistas y residentes.

Para los dueños de locales bailables, esta falta de apertura institucional y el exceso de controles punitivos generan efectos colaterales negativos, empujando a los jóvenes hacia alternativas desreguladas:

• Proliferación de fiestas clandestinas: Realizadas de manera semanal en fincas y espacios sin ningún tipo de control bromatológico, de seguridad, de horarios o de venta de alcohol.
• Competencia desleal: Se cuestiona la organización de eventos públicos masivos y gratuitos financiados por el Estado que carecen de los mismos filtros y exigencias normativas que se le imponen al sector privado.
• Contraste en la seguridad: El sector cuestiona la desproporción de destinar recursos policiales durante horas dentro de los boliches mientras persisten denuncias de grescas callejeras y disturbios en las inmediaciones ante la ausencia de agentes en la vía pública.

Ante este panorama, los empresarios exigen una mesa de diálogo multisectorial que permita modernizar las normativas vigentes, brindar previsibilidad a la actividad comercial y garantizar espacios de esparcimiento seguros tanto para los jóvenes jujeños como para los visitantes que llegan a la provincia.