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El proyecto de ley de Emergencia Económica ya tiene media sanción

Los legisladores aprobaron el texto en general con 134 votos positivos y 110 negativos. Ahora se realiza la votación en particular, artículo por artículo. Fue en una sesión maratónica de más de 15 horas en la que hubo negociaciones y modificaciones a la versión original impulsada desde la Casa Rosada.

  • Con 134 votos positivos el proyecto de ley de Emergencia Económica logró media sanción.
  • Se trata de un mega paquete de nueve emergencias, de las que se hará cargo el Poder Ejecutivo: económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
  • A partir de las 14 está previsto que sesione el Senado, donde el proyecto deberá ser habilitado sobre tablas con dos tercios de los presentes. La oposición adelantó que dará el quórum para su tratamiento.

Alberto Fernández puede empezar a festejar que el proyecto de emergencia económica que sustentará su programa de Gobierno va camino a ser ley. La Cámara de Diputados le dio media sanción en general y ahora se discute en particular, artículo por artículo. Los puntos más polémicos: retenciones y jubilaciones. Las negociaciones se extendieron a lo largo de toda la madrugada.

Bajo el lema de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el Gobierno logró aprobar el mega paquete de las nueve emergencias, de las que se hará cargo el Poder Ejecutivo: económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Minutos antes de las 6:30 de la mañana, con 134 votos a favor, 110 negativos y sin abstenciones, el oficialismo logró la media sanción de la iniciativa en general.

La primera etapa del programa económico de Alberto Fernández comienza a salir a la luz. Desde el Frente de Todos resaltaron la magnitud del proyecto, que abarca tanto el contexto interno de “tierra arrasada” como el externo con los compromisos de deuda que afronta el Estado. Según remarcaron, el nuevo esquema implica que las clases más pudientes y medias respalden a los sectores más vulnerables.

Sin el apoyo del frente externo, las emergencias no se podrían haber tratado”, dijo un diputado del Frente de Todos, haciendo hincapié en que el Fondo Monetario Internacional comprendió el pedido público de Alberto Fernández y respaldó la iniciativa: Argentina pagará la deuda, pero para eso necesita crecer.

Es una ley que sin lugar a dudas perjudica a la clase media, a aquellos que tienen pequeñas empresas, al campo, y a los abuelos, que le sacan una escala de movilidad que los hará perder más allá de los bonos de cinco mil pesos”, sostuvo por su parte el titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo. En diálogo con este medio, el ex ministro de Seguridad bonaerense enfatizó en que “se escondió una devaluación” con respecto al impuesto del 30% para el dólar para atesoramiento y para el turismo.

“Se enojan cuando hablamos de tierra arrasada, les duele porque es verdad, porque es una Argentina arrasada por ustedes”, cargó Leonardo Grosso contra los legisladores de Juntos por el Cambio, a quienes los acusó por intentar que se caiga la sesión.

Por su parte, José Ignacio De Mendiguren expresó: “Preferiríamos que nos hubieran escuchado cuando decíamos, desde 2016, que el camino que había elegido el gobierno de Cambiemos nos llevaba irremediablemente a esta situación”.

La maratónica sesión comenzó minutos antes de las tres de la tarde, cuando terminaron de jurar los 23 nuevos diputados en reemplazo de los que tomaron cargos ejecutivos en Ministerios y Secretarías. Pese al pedido de Sergio Massa para que los legisladores permanezcan en sus bancas y así dar inicio a la sesión especial, Juntos por el Cambio se levantó manteniendo su postura de no dar quórum. De todas formas, el Frente de Todos logró iniciar el debate gracias al apoyo del peronismo federal. Desde el oficialismo calificaron la actitud de buscar trabar el quórum como “antiética”. Por su lado, la oposición justificó que se necesitaba tiempo para debatir leyes de tal magnitud.

En paralelo, Alberto Fernández, atento a cada detalle de la negociación que estaban llevando a cabo Máximo Kirchner y Massa con Graciela Camaño y Eduardo “Bali” Bucca, sugirió -en una serie de tuits- “incorporar un artículo que disponga que el Poder Ejecutivo Nacional deberá establecer mecanismos de compensación de los efectos de los derechos de exportación específicos para pequeños productores y cooperativistas”. Un gesto para el agro. Además avisó que con los 131 legisladores que ya habían dado el quórum “contamos con los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley en su actual versión, pero queremos construir confianza entre todos y todas, y que nadie dude de nuestros propósitos sinceros. Unidos en el debate pondremos de pie a la Argentina”.

De esta forma, Fernández buscó dejar en evidencia a Juntos por el Cambio por no querer debatir el megaproyecto de ley. Una fuente allegada al Ejecutivo confió que “la ley es necesaria” y que tenía legisladores “suficientes para que salga” en su versión original, pero optó por negociar para que sea consensuada entre la mayor parte de las fuerzas políticas.

Entre pasillos se justificaba que el kirchnerismo puso el artículo 85, que faculta al presidente a reformar el Estado, a modo de anzuelo. Eso le permitía negociar su eliminación a cambio de sostener las facultades para, entre otros puntos, fijar jubilaciones, pensiones y tarifas, aumentar retenciones y aplicar impuestos a la compra de divisas.

En definitiva, el acuerdo entre el Gobierno, el peronismo que responde a Camaño y Bucca, y Unión para el Desarrollo Federal -conducido por el mendocino José Ramón-, se basó en garantizar el quórum a cambio de modificaciones en los puntos más polémicos del proyecto: retenciones y jubilaciones. Los mismos tendrían el visto bueno del referente de Consenso Federal, Roberto Lavagna.

Ya en las primeras horas de la madrugada del viernes continuaba la negociación entre el oficialismo y los bloques aliados para destrabar los cambios que serían tratados en particular. Mientras se intentaba resolver las discrepancias sobre jubilaciones y retenciones, también se comenzaron a estudiar modificaciones en el apartado de bienes personales.

En apoyo al sector agropecuario, que manifestó su rechazo contundente al aumento del 33% en las exportaciones a la soja, el PJ federal no daba el brazo a torcer exigiendo la segmentación del esquema de retenciones para pequeños y medianos productores. En tanto, en el dictamen se incluyó que las alícuotas de los derechos de exportación para hidrocarburos y minería no podrán superar el 8% del valor imponible o del precio oficial.

Además, se detalló que el 67% del valor incremental de los derechos de exportación previstos en esta ley será destinado al financiamiento de los programas a cargo de la ANSES y las prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Por otra aparte, el 3% se destinará a la creación de un fondo solidario de competitividad agroindustrial “para estimular la actividad de pequeños y medianos productores, y cooperativas a través de créditos para la producción, innovación, agregado del valor y costos logísticos”. Dicho fondo será administrado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

En tanto, sobre el punto de jubilaciones, el Gobierno dio marcha atrás con la suspensión de la movilidad jubilatoria para docentes, universitarios y científicos. En medio de la discusión, se estudiaba la posibilidad de incluir un apartado en el que se destacara que, mientras el Ejecutivo resuelve dentro del plazo de 180 días la nueva fórmula de actualización, la misma no podría estar por debajo de la inflación. Más allá de los bonos de cinco mil pesos dispuestos para diciembre y enero, será el Gobierno el que establezca los próximos aumentos para los jubilados por decreto. La fórmula que resuelvan implementar recién empezaría a regir a partir de la segunda mitad de 2020.

Cuando tuvo la palabra, Silvia Lospennato graficó el posicionamiento de la oposición con respecto a este último punto: “¿Cómo podríamos estar de acuerdo con vulnerar el derecho a la movilidad? Este capítulo la vuelve invotable”.

Uno de los últimos oradores fue el legislador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Filmus, quien aprovechó la oportunidad para despedirse de la Cámara Baja ya que asumirá en cancillería, en la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. “Es la ley que va a permitir volver a recuperar el país”, declaró sobre la Emergencia Económica, y agregó llamando a la oposición “a que nos acompañen seriamente”.

Carlos Gutiérrez, de Córdoba Federal manifestó su malestar por el artículo 48 que establece el nuevo esquema de retenciones al agro, resaltando el aporte de la provincia a las arcas nacionales.

Eduardo Bucca, en representación del interbloque Federal, admitió que el proyecto “ajusta sin lugar a dudas”, pero “esperemos que sean así de duros con la negociación con el FMI para que no sean solo los argentinos los que paguen”. El legislador que fue clave para que el FdT consiga el quórum, remarcó que “la situación es dramática”, y que la crisis “nos debe convocar y unir para construir los consensos y acuerdos necesarios para salir de esta situación”. Al respecto del proyecto, Bucca remarcó su rechazo al artículo 52 “que no cuida a nuestros jubilados”.

En tanto, el referente de Juntos por el Cambio, Mario Negri resaltó el rechazo de la oposición: “Discutimos una nueva ley de emergencia, otra vez delegación de facultades, poderes excepcionales. Tropezar con la misma piedra es un error, cada vez que se acumuló poder discrecionalmente terminamos mal”. “No confundan, no hay prepotencia, mayoría absoluta, ni concentración de poderes”, alertó Negri al Frente de Todos.

El encargado de cerrar el debate parlamentario fue Máximo Kirchner. En la primera vez que cierra una discusión como jefe de bloque, el diputado K justificó el proyecto oficialista criticando los cuatro años de gestión de Mauricio Macri. “Más ideológicos que el gobierno que se fue a la hora de implementar políticas económicas, no hubo. Y terminamos en el Fondo Monetario Internacional. Este Congreso no pudo decir ni mu, nadie pidió que esa deuda viniera acá”, enfatizó sobre la toma de deuda durante la anterior gestión.

“Un súper poder es pensar que la inflación se resolvía con un chasquido de dedos”, concluyó el hijo de Cristina Kirchner respondiendo las críticas de la oposición.

Luego de que los representantes de los distintos bloques cerraron el debate, Massa llamó a la votación del proyecto en general. Con 134 votos a favor, 110 negativos y sin abstenciones, el Gobierno logró la media sanción de la iniciativa.

A partir de las 14 está previsto que sesione el Senado, donde el proyecto deberá ser habilitado sobre tablas con dos tercios de los presentes. La oposición adelantó que dará el quórum para su tratamiento. De no mediar imprevistos, al término de la jornada restará que Vilma Ibarra, la secretaria Legal y Técnica, reglamente la medida.

Contra las especulaciones que se debatieron en campaña sobre cómo gobernaría Alberto Fernández, con la sanción de esta ley el programa económico del cuarto gobierno kirchnerista comienza a ponerse en marcha.


Estos son los puntos clave del proyecto de ley:

  • El proyecto declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020 en nueve áreas del Estado: económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

  • Propone la creación de un nuevo impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) que grava por los próximos cinco años un 30% la compra de divisas extranjeras y el consumo de bienes o servicios en el exterior, como la compra de billetes aéreos.

  • Establece un impuesto a la compra de dólares del 30 por ciento para la compra de dólares para atesoramiento (con el límite de 200 dólares mensuales ya fijado) y también para los gastos con tarjetas de crédito en el exterior, por el período de cinco años.

  • Mantiene en vigencia la decisión de la administración anterior de limitar a 200 dólares por mes la compra para atesoramiento de las personas físicas. El 70% de lo recaudado a través de esta iniciativa se destinará a la seguridad social, mientras el 30% restante se dedicará a obras de vivienda e infraestructura.

  • Suspende por seis meses el esquema de aumento tarifario de los servicios públicos, así como la fórmula con la que se calculaban los aumentos de las jubilaciones, que consistía en una ecuación que tomaba en cuenta los salarios y la inflación a partes iguales.

  • Contempla otorgar 5.000 pesos en diciembre y enero a los jubilados que cobran la pensión mínima, sin detrimento de otros aumentos trimestrales que dispondrá el Poder Ejecutivo.

  • Se suspende por seis meses la Ley de Movilidad sancionada en 2017 bajo la gestión de Mauricio Macri, que ataba los aumentos para jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo a una fórmula compuesta por el Índice de Precios al Consumidor (inflación) y la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE, variación salarial). Los aumentos serán otorgados por decreto el Poder Ejecutivo.

  • Suspende, en paralelo, la rebaja a las contribuciones patronales prevista a partir del año que viene, de modo que los empleadores del sector servicios pagarán un aporte del 20,4%, siempre que sus ventas superen los 48 millones de pesos anuales, mientras que el resto del sector privado pagará 18%.

  • Faculta al Gobierno a fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar el 33% del valor imponible: en el caso de la soja aumenta de 30% a 33% y para trigo y maíz de 12% a 15%. Para productos agroindustriales de economías regionales se establece una alícuota tope del 5%, al igual que para bienes industriales y servicios. En cuanto a bienes exportables hidrocarburíferos o provenientes de la minería, se reduce el tope del 12 al 8%.

  • Se autoriza al Poder Ejecutivo a intervenir el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Regulador del Gas (ENARGAS). También habilita al Gobierno a congelar las tarifas de electricidad y gas por el plazo de 180 días, "propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias, para el año 2020". A su vez, se faculta al Gobierno a iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente.

  • Habilita al Poder Ejecutivo a "recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina", para lo que se pone a disposición del Gobierno 4.571 millones de dólares del Banco Central.




FUENTE: Infobae y Perfil.

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