La carga tributaria amenaza  al sector agrícola argentino

Según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), el Estado ha alcanzado una participación del 67,2% en la renta agrícola a través de impuestos, considerando un promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol.

El reciente aumento en el índice FADA, en comparación con la medición anterior realizada en octubre de 2022, se debe a la profunda sequía que atraviesa el país, lo cual ha ocasionado una disminución en los rendimientos de los cultivos.

“Uno esperaría que si la producción disminuye, ya sea debido a la sequía u otras circunstancias adversas, la presión impositiva también se reduzca. Sin embargo, debido a la estructura tributaria que pesa sobre la producción agrícola, un evento adverso como la sequía, en lugar de disminuir la carga impositiva, la incrementa", explica David Miazzo, Economista Jefe de FADA.

Los productores agrícolas se ven afectados no solo por una carga tributaria más alta, sino también por las pérdidas económicas y las dificultades para cumplir con sus deudas y compromisos derivados de una reducción significativa en la producción. En este tipo de situaciones, si bien todos los productores se ven afectados, los más pequeños tienen una capacidad aún menor para absorber el impacto y corren el riesgo de abandonar la actividad.

El 67,2% de participación del Estado en la renta agrícola está compuesto por impuestos nacionales, provinciales y municipales. Los impuestos nacionales no coparticipables representan el 70,5% del total de impuestos que enfrenta una hectárea agrícola en Argentina.

Los principales componentes de estos impuestos son los derechos de exportación, a los que se suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

Los impuestos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y las provincias representan el 23,8% de los impuestos medidos. En esta categoría se incluyen principalmente el impuesto a las ganancias (neto del impuesto a los créditos y débitos) y los saldos técnicos de IVA. Las provincias reciben una parte del 23,8% como coparticipación y también recaudan diversos impuestos. Los impuestos provinciales representan el 5% del total de impuestos.

Los impuestos municipales representan el 0,8% de los impuestos en el Índice FADA promedio nacional. El componente central de estos impuestos son las tasas viales o las guías cerealeras, dependiendo de la provincia.

Con un esquema tributario en el que la mayoría de los impuestos son nacionales y no coparticipables, se pone en peligro el federalismo fiscal y provoca que gran parte de lo que se produce en las regiones no regrese.

Es crucial que se tome en consideración la situación actual del sector agroindustrial argentino y se implementen medidas que alivien la carga tributaria para permitir la recuperación y el crecimiento sostenible de esta importante industria.

Además, se requiere un enfoque más equitativo y balanceado en la distribución de los impuestos entre los diferentes niveles de gobierno, garantizando así un desarrollo más equilibrado y el fortalecimiento del federalismo fiscal en el país.

Resulta innegable la preocupante situación de la carga tributaria en el sector agroindustrial argentino, y en este sentido, vale la pena destacar un dato adicional que nos sitúa en el contexto global. El informe "Seguimiento y Evaluación de la Política Agraria 2021" de la OCDE compara la presión impositiva sobre los productores agrícolas de 54 países, incluyendo los 38 países miembros, los cinco Estados miembros de la UE no pertenecientes a la OCDE y 11 economías emergentes, entre ellas Argentina.

Según el informe, la excesiva intervención estatal en las ganancias del productor distorsiona el sistema alimentario global. En el cuadro comparativo de distorsiones generadas por la intervención estatal en los países analizados, Argentina destaca como el país con el mayor nivel de presión sobre la renta agroindustrial.

La OCDE señala específicamente que los impuestos a la exportación argentinos deprimen los precios internos recibidos.

Este reconocimiento poco envidiable contrasta con la realidad de otros productores del hemisferio sur, como Nueva Zelanda, Australia, Chile o Brasil, donde la distorsión de precios es prácticamente inexistente.

En su informe, la OCDE sugiere eliminar gradualmente las intervenciones de precios que distorsiona el mercado, al mismo tiempo que insta a mejorar el desempeño ambiental.

Estos objetivos son altamente compatibles, ya que los productores buscan incorporar innovaciones que les permitan ser más sostenibles en sus negocios.

Si la presión impositiva fuera menor, los productores agrícolas podrían mejorar sus márgenes de ganancias y destinar recursos a la infraestructura necesaria para mitigar los riesgos climáticos. Las innovaciones en sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, que ya se están produciendo y adoptando a diario, podrían avanzar a un ritmo sorprendente.

Los gobiernos deberán leer esta comparativa entre informes para que sirva como un diagnóstico y una guía.

Conociendo nuestra posición inicial y nuestra situación actual, es fundamental que entendamos claramente el camino que debemos seguir para lograr un sistema alimentario global cada vez más sostenible y mejorar la calidad de vida de todos: tanto de aquellos que producen alimentos como de aquellos que los consumimos.

Por otra parte, un reciente estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) revela la preocupante realidad de la carga tributaria en Argentina. Según el informe, casi el 30% del precio de un alimento está compuesto por tres impuestos, y este porcentaje aumenta al 42% si se consideran los demás impuestos asociados al proceso productivo.

Es decir, de cada $1.000 que se paga por un producto, aproximadamente $300 se destinan a cubrir el IVA, Ingresos Brutos y la Tasa Municipal de Seguridad e Higiene. Además, en muchos casos, se suma el Impuesto Interno, que representa aproximadamente el 4% del precio y se aplica a productos como bebidas alcohólicas, cigarrillos y perfumería, entre otros.

Estos gravámenes indirectos, aunque fáciles de recaudar, resultan altamente regresivos, ya que afectan proporcionalmente más a aquellos con menores ingresos. Ante esta situación, surge la pregunta de si existe margen, de cara al próximo gobierno, para trabajar en una reforma tributaria que aborde esta distorsión y promueva una mayor carga de impuestos directos.

En comparación con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los datos son contundentes y revelan la disparidad existente. Según el presidente del IARAF, Nadín Argañaraz, en Argentina los impuestos indirectos y otros representan el 58% del total, mientras que en los Estados más desarrollados equivalen al 35%.

Además, mientras que el impuesto a las Ganancias constituye el 33% de la recaudación en la OCDE, en Argentina representa solo el 17%. Lo mismo ocurre con los impuestos a la propiedad, donde las cifras son del 6% y 3% respectivamente. En cuanto a los impuestos a la seguridad social, estos representan el 26% en los países desarrollados y el 22% en Argentina. Estos datos reflejan la necesidad de avanzar hacia una tributación más directa y progresiva, dado que los impuestos visiblemente directos, como los de rentas y propiedad, en Argentina aportan la mitad en proporción que en los países de la OCDE. Además, se destaca la importancia de simplificar la estructura impositiva argentina, actualmente compuesta por 165 tributos entre impuestos, tasas y contribuciones.

La entidad no gubernamental Lógica ha iniciado una campaña de concientización sobre la alta carga tributaria en el país, buscando generar un reclamo de cambio desde la sociedad. Consideran que el país podrá salir de su crisis crónica si se logra activar la preocupación y la demanda de reformas fiscales necesarias desde todos los sectores y niveles, comenzando por la gente. Es importante destacar que la reducción de impuestos no implica necesariamente una reducción equivalente en el gasto, ya que una menor presión impositiva puede estimular la formalización y tener un impacto positivo en la economía. Una posible medida inicial sería discriminar los impuestos de manera más clara, lo cual generarían una mayor conciencia en la sociedad sobre lo que se está pagando al consumir un bien.

Es fundamental que todos comprendamos que ser el país más gravoso en términos fiscales es una desgracia colectiva y personal. La visibilidad de lo que el consumidor paga en cada producto y servicio adquirido debe ser un aspecto central en esta discusión. Si bien la cantidad de tributos existentes no es necesariamente indicativa de una alta carga tributaria, la Argentina se encuentra en una posición desfavorable en comparación con otros países. Es necesario replantear nuestra estructura tributaria y buscar un equilibrio entre impuestos directos e indirectos, promoviendo la progresividad y simplificación del sistema. Solo así podremos construir un país más lógico y superar la actual crisis económica en beneficio de todos los argentinos.