El novedoso acuerdo público-privado para obras se sostiene con mano de obra barata

Esto amerita por los menos dos preguntas: ¿cómo se determina la asignación de personal local vs. extranjero? y ¿cómo se respetan y aplican las ordenanzas de empleo local en cada obra?

Además se habla de salarios que no reflejan la calificación ni la complejidad de las tareas especializadas, pidiendo re categorizaciones que nunca llegan y dejando a muchos en condiciones de precariedad laboral; todo ello bajo un paraguas de acuerdos público-privados que, según los denunciantes, beneficiarían a las empresas y debilitarían al gremio y a las propias normas que protegen a los trabajadores; de hecho la secretaria de trabajo provincial mira para otro lado.

A propósito sería pertinente plantearse otra pregunta: ¿cuáles son los criterios de re categorización y pago para trabajadores especializados?

Pero además, ¿cómo se auditan y publican los acuerdos público-privados para evitar encubrimientos de prácticas que precarizan al personal?

Ramón Neyra, secretario general de UOCRA, señala que el gobierno pretende activar la obra pública sin aclarar el alcance de ese acuerdo con las empresas y sin garantizar que la prioridad sea el empleo local, lo que suena a doble discurso y a una narrativa de eficiencia que se sostiene con una realidad de precariedad que no resiste la mirada crítica.

El desembarco de Neyra en la legislatura, va a condicionar su gestión actual al frente del gremio recortándole poder para el reclamo en defensa de los trabajadores teniendo en cuenta las presiones habituales del propio gobierno, que parece haber absorbido el control del dirigente recortándole la capacidad de contención de sus afiliados. Neyra pareciera haber incorporado el casette del gobierno según denunció Cárdena quien comentó ayer en nuestro programa Sobremesa por Canal 2, que la actual conducción del gremio a nivel provincial no promueve la participación democrática, no convoca a reuniones de comisión directiva y maneja el gremio sin participación y sin transparencia además de su accionar complaciente con las empresas.

Pero lo relevante es exigir claridad: cuántos trabajadores locales están efectivamente empleados en cada obra, cuántos extranjeros, qué criterios rigen la re categorización y el pago de salarios que reflejen las tareas, qué auditorías independientes existen sobre los acuerdos público-privados y cómo se publicitan los resultados para que la ciudadanía pueda evaluar si la eficiencia anunciada no es solo una cortina de humo para justificar una precarización encubierta.

En síntesis, el doble discurso entre la promesa de desarrollo para Jujuy y la realidad de contratos que esconden incumplimientos normativos y recortes de poder gremial revela que la supuesta gestión eficiente podría estar basada en una economía de condiciones laborales precarias y en un marco de transparencia insuficiente, por lo que la responsabilidad de rendir cuentas recae ahora en la comunidad y en los organismos de control para que no se convierta en un relato de propaganda con obras que hablan de progreso mientras el trabajador queda fuera de la ecuación.

Cuando un gobierno miente para justificar sus decisiones y coopta dirigentes, está erosionando las bases mismas de la convivencia cívica y la confianza pública; esa conducta transforma la gestión pública en una operación de control y persuasión que busca silenciar la voz de la gente y debilitar la oposición legítima; la mentira institucional se convierte en una herramienta para imponer una agenda sin escrutinio, y la cooptación de líderes y dirigentes se traduce en una captura del sentido de representación, donde las decisiones ya no emanan del mandato democrático sino de intereses que quedan fuera del debate público.

Cuando el Estado mide su legitimidad por la cantidad de verdades que oculta y por la fuerza con la que recluta aliados entre quienes debieran vigilarlo, la libertad política queda expuesta a la coacción suave o violenta de un poder que opera sin controles.