El instrumento que necesitaba Morales para blindar las atrocidades

Su aporte fundamental es establecer reglas claras, concursos transparentes y criterios objetivos de selección, para que la idoneidad profesional y la integridad sean las credenciales que definan quiénes deben impartir justicia.

Pero existe una cuestión todavía más profunda: ¿de qué sirve reconocer constitucionalmente la independencia judicial si quienes deben garantizarla pueden quedar condicionados por los mismos intereses políticos que deberían controlar?

Por eso, la integración equilibrada de estos consejos, la publicidad de sus decisiones y el control ciudadano sobre sus procedimientos son condiciones indispensables para evitar que se conviertan en espacios de negociación política.

La independencia judicial tampoco significa impunidad ni privilegios corporativos. Los jueces deben responder por sus actos, pero los mecanismos disciplinarios no pueden utilizarse como amenazas contra quienes resuelven conforme a la ley, incluso cuando sus decisiones incomodan al poder de turno.

En definitiva, un consejo de la magistratura cumple su verdadera misión cuando garantiza que ningún gobierno pueda elegir jueces por conveniencia, removerlos por represalia o condicionar sus fallos por intereses particulares. Porque cuando la justicia pierde su independencia, el ciudadano pierde una de sus principales defensas frente al abuso de poder.

A propósito, hoy en Jujuy prestarán juramento los integrantes del Consejo de la Magistratura, figura incorporada a partir de la reforma constitucional provincial de junio de 2023 y reglamentada mediante ley en 2025. Su función será la de seleccionar mediante concursos a jueces, fiscales y defensores del Poder Judicial; además, tiene la facultad de decidir quiénes imparten justicia y controlar que lo hagan bien. Esto, en condiciones normales, sería lo ideal, pero en Jujuy es evidente que este instrumento estará muy lejos de cumplir su verdadero rol.

Según fuentes de la matrícula, se está creando un consejo para someter a jueces y fiscales de la provincia.

En otros distritos del país y del mundo, los consejos de la magistratura están integrados por personalidades honorables de la sociedad, quienes en definitiva van a controlar el trabajo de los magistrados. En el caso de Jujuy, predominan las designaciones políticas; no existen académicos destacados u otras personalidades.

El Consejo de la Magistratura jujeño contará con 11 miembros, cuya mayoría pertenece al partido gobernante para presionar e inducir a los jueces o fiscales con la facultad de poder sancionarlos si se salen de la línea que marca la política oficial.

Los miembros que jurarán hoy tienen la facultad de elegir a los jueces bajo un esquema, como ya mencionamos, conformado por once miembros, de los cuales dos son designados por el gobernador de acuerdo a su voluntad, dos diputados del bloque mayoritario que responden al Ejecutivo —es decir, ya hay 4 miembros alineados—, más un representante de la oposición cómplice que va sumando a la mayoría, dos representantes de la Corte —y de esta manera llegando a seis, es decir, la mitad más uno que les asegura el cuórum—, pero la idea es asegurarse los dos tercios con jueces menores elegidos por el Consejo de la Magistratura, ignorando al Colegio de Magistrados de Jujuy, con lo cual llegarían a 9 individuos que reportarían al poder político, junto a dos integrantes del Colegio de Abogados que, como se sabe, la lista ganadora es oficialista. De esta manera, la suma da los dos tercios que necesita el poder o Gerardo Morales para controlar jueces y fiscales para los próximos cuatro años.

La trampa perfecta para asegurar la impunidad con el desembarco de militantes oficialistas en cargos de privilegio y obediencia garantizada.

Frente a lo que hay, se impone una pregunta final: ¿queremos una justicia que responda a la Constitución y a los ciudadanos, o una justicia cuya conducta termine condicionada por quienes circunstancialmente gobiernan?