El gobierno modifica la Ley de Seguridad Interior y busca penar con prisión a piqueteros

Los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) anunciaron hoy un paquete de leyes que incluirá, entre otros puntos, una normativa para instrumentar penas de prisión para los organizadores de piquetes y bloqueos.

También, la modificación de la Ley de Seguridad Interior para modificar el rol de las Fuerzas Armadas.

El Gobierno enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Seguridad Interior con el objetivo de que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en situaciones que sean consideradas como actos de terrorismo. Es a raíz del contexto social que atraviesa la ciudad santafesina de Rosario.

De conseguirse la aprobación de diputados y senadores, las FFAA quedarán habilitadas a patrullar, controlar a las personas y vehículos, realizar tareas de prevención de delitos, aprehender en flagrancia “dando intervención inmediata a la Justicia”, explicó el ministro de Defensa nacional, Luis Petri. El funcionario habló también de que tendrán la posibilidad de usar los medios coercitivos que ya rigen para las fuerzas de seguridad.

Petri explicó que la ley de Seguridad Interior data de 1991 y establece dos supuestos de intervención para la FFAA. El de apoyo a las fuerzas de seguridad - que actualmente ejerce en Rosario - y de intervenir a partir de la declaración del estado de sitio. “Pero eso no resuelve ve el problema porque se suspenden las garantías constitucionales”, se explayó el funcionario.

“Estamos modificando la ley de Seguridad Interior para que puedan intervenir y realizar operaciones para devolverle la paz a los rosarinos en los supuestos de terrorismo”, indicó Petri. Que los hechos delictivos sean calificados de esa manera dependerá del comité de crisis que actúe en un lugar en un determinado momento. “Estamos convencidos de que la batalla de los narcos se puede ganar con el Estado”, enfatizó el ministro.

Tras su anuncio, su par en Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que además se enviará para su tratamiento parlamentario la denominada ley antimafias que, indicó la funcionaria, tiene origen en el código italiano. “El hecho individual no es lo que determina la pena, sino aquellos que participan de una determinada organización y son parte de distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene esa organización criminal”, dijo.

“Este tipo de organizaciones tienen en vilo una zona, un barrio, y donde ya no rige la Constitución Nacional ni el Código Penal, sino que rige la ley narco. Cuando esto se realice de manera reiterada y en beneficio de esta organización criminal, con el desplazamiento o aniquilación de otra organización para amedrentar a la población o a ciertos sectores, y esto es importante porque lo estamos viviendo en determinadas zonas del país, para infundir temor a las autoridades, policías, jueces; cuando se busca el control de un territorio para cometer un ilícito. Todos esos que participan de esa cadena son considerados miembros de esa organización y van a tener una pena por pertenecer a ese clan”, detalló Bullrich.

La ministra dijo que “vamos a utilizar un modelo superador para este tipo de hechos”. Y habló de ciertas medidas: como la detención por averiguación de ilícitos (como ya lo está haciendo Santa Fe con una ley especial), la colocación de retenes, incautar mercadería, hacer rastrillajes y allanamientos encadenados.

Anticipo de vocería

Según había adelantado el vocero presidencial, Manuel Adorni, el mencionado paquete de leyes a modificar o enviar al Congreso para su aprobación: “Legítima defensa y atentado a la autoridad, ley de ADN para delitos, ley contra organizaciones criminales, y penas contra organizadores de piquetes y bloqueos”.