Jujuy aparece hoy como una de las provincias líderes de la minería argentina y como protagonista del boom del litio. La producción crece, las exportaciones mineras tienen cada vez más peso en la economía provincial y también aumentan los recursos que ingresan al Estado a través de las regalías. El propio Gobierno provincial informó que durante 2025 las regalías mineras crecieron un 80% nominal y que las regalías totales aumentaron un 67%.
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El boom minero no asegura sacar a la gente de la extrema vulnerabilidad
Pese al crecimiento récord de las regalías por el litio, el impacto real de la minería en Jujuy sigue bajo la lupa. Frente a un 31,2% de pobreza en el aglomerado Jujuy-Palpalá, el debate gira en torno al destino de la renta extractiva: ¿alcanza con financiar obras básicas e insumos para la Puna o los recursos deberían transformarse en inversiones estructurales que rompan definitivamente con la vulnerabilidad social?
Pero justamente cuando estos números muestran el crecimiento de la renta minera, aparece una pregunta que no debería esquivarse: ¿cuánto de esa riqueza está llegando realmente a la población y, sobre todo, cuánto está contribuyendo a reducir la pobreza?
Porque una cosa es que exista derrame y otra muy diferente es que ese derrame tenga la dimensión suficiente para producir una transformación social.
Es cierto que las regalías ya se utilizan para financiar obras y equipamiento: se entregaron maquinarias, camiones y se anunciaron obras de agua y saneamiento en distintas localidades de la Puna. Esos recursos tienen un impacto concreto y sería incorrecto desconocerlo.
Pero justamente esos ejemplos permiten abrir una discusión más profunda. Si una comunidad necesita un camión, una retroexcavadora, una obra de agua o un sistema de saneamiento y esas necesidades se cubren con regalías mineras, estamos frente a una utilización socialmente importante de la renta. Pero también podemos preguntarnos por qué una provincia que está recibiendo una renta creciente de sus recursos naturales todavía necesita utilizar esos ingresos para resolver necesidades básicas que forman parte de las condiciones mínimas para superar la pobreza.
Ahí es donde la relación entre regalías y pobreza se vuelve central.
El dato social no puede quedar separado del dato minero: en el segundo semestre de 2025, el INDEC registró que el 31,2% de las personas del aglomerado Jujuy-Palpalá estaba por debajo de la línea de pobreza.
Ese número no demuestra que la minería genere pobreza, ni tampoco que las regalías sean suficientes o insuficientes por sí mismas para resolverla. Pero sí plantea una pregunta absolutamente válida para cualquier discusión sobre política pública: si la provincia está incrementando los ingresos provenientes de una actividad extractiva que explota un recurso natural estratégico, ¿qué parte de esa renta se está convirtiendo en una mejora permanente de las condiciones económicas y sociales de la población?
Porque combatir la pobreza no significa solamente entregar una ayuda, construir una obra puntual o comprar maquinaria. Eso puede ser necesario, pero el desarrollo requiere modificar las condiciones que hacen que una familia permanezca en una situación de vulnerabilidad.
Y ahí las regalías pueden tener un papel mucho más estratégico.
La discusión debería ser cuánto de esos recursos se destina a resolver las necesidades inmediatas y cuánto se invierte en generar las condiciones para que las próximas generaciones tengan mejores oportunidades: educación, formación técnica, infraestructura, agua, conectividad, salud, vivienda, caminos, desarrollo de proveedores locales, tecnología y diversificación productiva.
Porque si las regalías se utilizan solamente para compensar carencias, existe el riesgo de que la provincia termine administrando permanentemente las consecuencias de la pobreza sin modificar suficientemente sus causas estructurales.
En cambio, si una parte importante de esa renta se transforma en inversión productiva y social, el objetivo podría ser que la minería genere un efecto multiplicador mucho más amplio: más empresas jujeñas, más empleo formal, mejores salarios, mayor capacitación y nuevas actividades económicas que no dependan exclusivamente de la extracción del mineral.
Y hay otra pregunta todavía más incómoda: ¿cuánto de la renta minera llega directamente a los sectores de menores ingresos?
Porque no alcanza con decir que las regalías vuelven a la provincia; hay que mirar dónde terminan, qué obras financian, a quiénes benefician, qué impacto tienen sobre el empleo y si efectivamente llegan a territorios y sectores donde la pobreza es más profunda.
El verdadero derrame no debería medirse únicamente por la cantidad de obras financiadas con regalías; también debería medirse por la capacidad de esas inversiones para sacar a las familias de situaciones de vulnerabilidad.